La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por $215.000 millones de pesos.
La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.
Adicionalmente, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial solicitó la suspensión inmediata de la licitación antes las dudas de si fueron tomadas las medidas necesarias para asegurar la conservación del patrimonio público de Bogotá.
El Ministerio Público investiga por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas.
La Procuraduría apoya la investigación en el traslado que hizo la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, según el cual no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidad y los que están publicados en el Secop o portal de contratación.
Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes interesados en participar en la licitación, y quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite, en especial sobre el contrato de consultoría por 5.499 millones de pesos con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto.
Extraña a la Procuraduría General de la Nación que la Secretaría Distrital de Movilidad pese a haber sido notificada de la solicitud de suspensión de la licitación, mediante comunicación física radicada el día 13 de diciembre, a la fecha no solo no ha publicado la petición del Ministerio Público, sino que ha seguido incorporando documentos para avanzar en el proceso hacia la adjudicación del contrato por $215.000 millones.
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