El Gobierno nacional declaró insubsistente a Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en medio de crecientes cuestionamientos por presuntos malos manejos administrativos y una serie de investigaciones adelantadas por los organismos de control
La decisión, formalizada mediante decreto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), se produjo tras siete meses de gestión al frente de una de las entidades más sensibles del Estado, encargada de la atención y reparación de millones de víctimas del conflicto armado colombiano y administradora de un presupuesto anual superior a los 4,5 billones de pesos.
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Romero, oriundo de Barrancabermeja (Santander), fue nombrado en junio de 2025. Desde su llegada al cargo, su designación generó controversia debido a que gran parte de su experiencia laboral previa estuvo ligada a labores de seguridad y escolta, y no a la formulación o ejecución de políticas públicas en materia de víctimas, justicia transicional o derechos humanos.
Durante su administración, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, así como posibles fallas en los procesos de contratación.
Paralelamente, la Contraloría General inició actuaciones de control fiscal para verificar la ejecución presupuestal de la entidad.Entre los principales señalamientos se encuentran denuncias sobre contrataciones masivas en un corto periodo de tiempo, presuntos sobrecostos en algunos contratos y la vinculación de personas cercanas a sectores políticos sin experiencia técnica en atención a víctimas.
Estas situaciones habrían generado tensiones internas y alertas sobre el uso indebido de los recursos públicos.Investigaciones periodísticas también señalaron que la Unidad para las Víctimas habría sido utilizada como un “fortín político”, especialmente con influencia de sectores regionales de Santander.
Según las denuncias, varias decisiones administrativas habrían estado orientadas más por intereses políticos que por criterios técnicos y misionales.Adicionalmente, funcionarios de la entidad habrían denunciado presiones internas y cambios administrativos que afectaron la continuidad de programas y procesos dirigidos a la población víctima, lo que agravó el malestar al interior de la institución.La insubsistencia de Romero no constituye, por ahora, una sanción disciplinaria definitiva, pero sí representa su separación inmediata del cargo mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales derivadas de su gestión.
Tras su salida, el Gobierno nacional designó un nuevo director encargado con perfil jurídico y experiencia en derechos humanos, con el objetivo de restablecer la confianza institucional y garantizar un enfoque técnico en la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Por su parte, Adith Romero manifestó públicamente que deja el cargo “tranquilo y con la frente en alto”, defendiendo algunas acciones adelantadas durante su administración. No obstante, los procesos en los entes de control continúan y serán estos los que determinen si hubo o no irregularidades que deriven en sanciones formales.
La salida de Romero cierra un capítulo marcado por la polémica en una entidad clave para la política de paz y reparación en Colombia, y reabre el debate sobre la idoneidad de los perfiles que deben liderar instituciones estratégicas para las víctimas del conflicto.
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