Polémica por presunta irregularidad en manejo de parqueaderos comunitarios en Suba  

Denuncias ciudadanas alertan sobre la facturación de más de 350 millones de pesos anuales por el uso de bahías públicas, mientras la Junta de Acción Comunal defiende su gestión y asegura que los recursos benefician a la comunidad.

En Lombardía Tercer Sector, un tradicional barrio de la localidad de Suba, una controversia crece alrededor del manejo de los parqueaderos ubicados en las bahías y zonas públicas.

Vecinos del sector han denunciado ante este medio que estas áreas estarían siendo utilizadas con fines económicos, generando ingresos que —según cálculos comunitarios— podrían superar los 350 millones de pesos anuales, sin que exista claridad sobre su administración o el destino de los recursos.

“Estos parqueaderos funcionan sin autorización, nadie responde por los daños, ni se sabe quién controla el dinero que se recauda”, aseguró uno de los denunciantes, que pidió reserva de su nombre por temor a represalias.

El tema ha despertado inquietud entre los habitantes, quienes exigen mayor transparencia y la intervención de los entes de control, especialmente del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Alcaldía Local de Suba.

La versión de la Junta: “Intervenimos para recuperar un espacio abandonado”

Ante las denuncias, Valaguela dialogó con José Ricardo Forero, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Lombardía Tercer Sector, quien explicó que el origen del manejo de estos parqueaderos surgió como una medida de control y no de negocio, es más una necesidad de la comunidad.

“La Junta no está facultada para facturar, eso es verdad —admitió Forero—. Pero hace años unas personas particulares invadieron los parqueaderos y los estaban usufructuando sin ningún control. Lo que hicimos fue intervenir para poner orden y garantizar que esos espacios se usaran adecuadamente y en beneficio de la comunidad”.

Forero relató que la Junta acudió al DADEP en busca de orientación. “Nos explicaron los pasos para formalizar la administración, pero era un proceso muy largo y costoso. Nos recomendaron seguir al frente de manera transitoria mientras se adelantaban los trámites. Incluso fuimos citados en la Inspección de Policía y siempre hemos podido sustentar nuestra gestión”.

Aportes fijos y obras visibles

Según el presidente de la JAC, actualmente la Junta no administra directamente los parqueaderos, sino que delega su operación en administradores nombrados por la asamblea comunitaria.

“Hay un acuerdo en el que los administradores hacen un aporte mensual fijo: uno entrega 1.200.000 pesos y el otro 1.900.000. No es sobre utilidades, es una cuota establecida. Con esos aportes se han hecho obras visibles”, señaló.

Forero sostiene que estos recursos se invierten en el mejoramiento de vías, mantenimiento de jardines y recuperación de zonas verdes. “Este año, por ejemplo, invertimos 46 millones de pesos en la reparación de una vía. Todo con mano de obra calificada y materiales de calidad. Los jardines que tenemos son orgullo del barrio y han sido reconocidos incluso por Área Limpia”.

El líder comunal compartió fotografías de las obras y subrayó que la gestión se realiza de manera participativa: “Cuando reunimos un monto significativo, convocamos a la comunidad para decidir qué proyectos se priorizan. No es improvisado ni se hace a escondidas”.

División y desconfianza vecinal

A pesar de los argumentos de la Junta, las opiniones en la comunidad siguen divididas. Mientras algunos habitantes respaldan la gestión de la JAC por las mejoras visibles en el entorno, otros piden que se aclare la legalidad del cobro y la administración de recursos en espacio público.

“Puede que haya obras, pero el espacio sigue siendo público. Si se cobra por usarlo, debe existir una autorización formal”, afirmó un vecino consultado.

Las tensiones también se reflejan en el interior de la organización comunal. Forero reconoce que la situación ha generado conflictos personales: “Hay gente que no está de acuerdo y cuestiona todo lo que hacemos, pero aquí lo importante es que la comunidad vea los resultados”.

El trasfondo legal

De acuerdo con el DADEP, el uso y aprovechamiento económico del espacio público solo puede realizarse mediante autorización expresa de la entidad y bajo condiciones reguladas. En muchos sectores de Bogotá, los parqueaderos informales han sido objeto de investigaciones y procesos sancionatorios por el manejo irregular de áreas destinadas al uso común.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial del DADEP ni de la Alcaldía Local de Suba frente al caso específico de Lombardía III Sector. Sin embargo, la Junta asegura haber entregado los documentos requeridos para avanzar en la regularización de los espacios.

Una historia que refleja una tensión recurrente

El caso de Lombardía no es aislado. En varios barrios de Bogotá, la tensión entre la necesidad comunitaria de ordenar los espacios y la rigidez normativa sobre el uso del espacio público ha llevado a situaciones similares: iniciativas locales que buscan resolver un problema, pero que terminan bordeando la informalidad y en la mayoria de los casos la comunidad no conoce como se manejan esos recursos.

Mientras los entes de control definen la legalidad del proceso, la comunidad de Lombardía III Sector seguirá observando de cerca el manejo de sus parqueaderos. Una historia que revela, una vez más, la delgada línea entre la gestión comunitaria y la administración pública.