En marco de una de las sesiones del concejo de Bogotá la Concejal Maria Victoria Vargas también alertó que Carlos Alexander Neira Sánchez, es un contratista en la localidad de Los Mártires desde 2022 y con contratos con el Instituto de Recreación y Deporte y quien actualmente, mantiene un contrato vigente por 68 millones de pesos con el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, cuya finalidad es prestar servicios profesionales en el componente de fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas, apoyando la estructuración de procesos precontractuales y contractuales. Dicho contrato inició en febrero de 2025 y se extenderá hasta el 23 de octubre del mismo año.
El vínculo que ha generado mayor controversia es que Neira (con contrato vigente en la alcaldia de los Martires) es el esposo de Diana Carolina Sánchez Castillo, actual alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe y quien tambien habria trabajado como contratista en los Martires, segun información que reposa en su hoja de vida.
Lo más llamativo es que, el 13 de diciembre de 2024, la alcaldía de Rafael Uribe Uribe también celebró un contrato interadministrativo con la Fundación REDU por 2.377 millones de pesos, el cual fue posteriormente fue sujeto de una aidción del 50% del valor inicial, alcanzando un total de 3.565 millones de pesos.
Una serie de contratos otorgados en diciembre de 2024 por las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Los Mártires y Sumapaz han despertado inquietudes sobre la transparencia en la contratación pública en Bogotá. En el centro de esta red de convenios millonarios aparece la Fundación Red Universitaria REDU, que ha recibido más de 6.900 millones de pesos en contratos interadministrativos en estas localidades.
Pero este no es el único contrato que conicidencialmente ha beneficiado a la Fundación REDU. En el mismo mes de diciembre, la alcaldía de Los Mártires le otorgó a la misma entidad otro contrato por 1.084 millones de pesos, con vigencia hasta julio de 2025. A esto se suma que, apenas unos días después, el 19 de diciembre de 2024, la alcaldía local de Sumapaz adjudicó directamente otro contrato a REDU por 2.320 millones de pesos, con finalización en septiembre de 2025.
Ante esta situación Maria Victoria Vargas concejal de Bogotá hablo en entrevista para el medio VALAGUELA, donde expreso su indignación sobre el como se estaria manejando la contratación en las localidades de Bogotá e invita al control por parte de las entidades.
REDU y los cuestionamientos a su junta directiva
La Fundación Red Universitaria REDU se define como una entidad pública descentralizada cuyo objeto es contribuir al progreso nacional y regional y al fortalecimiento de la educación. Su representante legal es Harold Efraín Salazar, pero lo que ha llamado la atención es la presencia en su junta directiva de Moises David Hernández Sánchez, quien, según registros, habría cambiado su identidad para evadir sanciones y hoy se hace llamar Moises Garvin.
Hernández Sánchez ha sido señalado en investigaciones previas, en las que la concejal María Victoria Vargas alerta, sobre su participación en contrataciones por 33 mil millones de pesos con la entidad Edured, que posteriormente pasó a llamarse Aldesarrollo. Moises David Hernandez habria sido destituido en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación quien lo encontro responsable como director y representante legal de EDURED, hoy Aldesarrollo.
El panorama se complejiza aún más al identificar que Moises Garvin estaría manejando los hilos en al menos cinco entidades creadas bajo la Ley 489: Red Suma, Kluster Latam, Edured, Aldesarrollo y REDU.
¿Una red de contratación concertada?
La simultaneidad de los contratos otorgados a REDU en tres localidades y la presencia de figuras previamente investigadas en su junta directiva generan serias dudas sobre el proceso de asignación de recursos públicos en Bogotá. La relación entre Neira Sánchez y la alcaldesa de Rafael Uribe Uribe, sumada a la adición al contrato inicial de REDU en esa localidad, a puesto en cuestionamiento la concejal Maria Victoria sobre la transparencia en la adjudicación de estos contratos.
Las autoridades competentes deberán esclarecer si existe un patrón de contratación direccionado hacia una misma entidad y si hay conflictos de interés que comprometan la legalidad de estos procesos administrativos.
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