La capital vuelve a mirarse al espejo de su propia inseguridad. Y lo que refleja no es solo miedo: es una preocupante normalización de la violencia. La captura de la banda delincuencial conocida como ‘Los Kamaleones’ no debería ser únicamente motivo de alivio institucional; tendría que ser, sobre todo, una sacudida profunda para una ciudad que parece resignarse a vivir bajo la amenaza permanente.
El caso que hoy nos convoca es brutal. El secuestro, tortura y asesinato del profesor Neill Cubides, ocurrido el pasado 15 de enero, no es un hecho aislado: es la expresión más cruda de un fenómeno que se ha enquistado en Bogotá. Según revelaron las autoridades hoy en rueda de prensa, esta estructura criminal operaba con una lógica perversa y meticulosa: utilizaban taxis para cazar a sus víctimas en sectores concurridos como la calle 85 y la Zona T, puntos que históricamente han simbolizado seguridad y dinamismo económico.
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El relato es escalofriante. Durante cerca de 39 kilómetros, la víctima fue sometida a torturas, obligada a entregar sus claves bancarias y finalmente asesinada mediante asfixia mecánica. Como si no bastara, su cuerpo fue incinerado en zona rural de Usme, en un intento por borrar toda huella de humanidad. No lo lograron. Hoy, su historia se convierte en símbolo de una ciudad herida.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, confirmó la captura de cuatro integrantes de esta red, señalados de homicidio, secuestro extorsivo y hurto agravado. Pero más allá del parte operativo, hay un dato que debería encender todas las alarmas: varios de los capturados tenían antecedentes por delitos similares. Uno de ellos, incluso, había sido detenido previamente por la misma modalidad y recuperó su libertad semanas antes de este crimen.
Aquí es donde la indignación trasciende y se instala en el terreno de lo estructural. El propio secretario de Seguridad, César Restrepo, reconoció fallas en los sistemas de control, especialmente en la marcación de vehículos y en el manejo de placas. Vacíos que, en la práctica, se convierten en autopistas para el crimen.
Y el alcalde Carlos Fernando Galán fue más allá al señalar lo que muchos ciudadanos sienten pero pocas veces se dice con contundencia desde el poder: este crimen se pudo evitar. El vencimiento de términos —esa figura jurídica que busca garantizar derechos procesales— termina, en la realidad colombiana, funcionando como puerta giratoria para delincuentes reincidentes.
¿cuántas tragedias más necesita Bogotá para corregir lo evidente?
Porque el problema no es solo ‘Los Kamaleones’. Son las decenas de estructuras que mutan, se reorganizan y reaparecen con nuevos nombres pero con las mismas prácticas. Es el ciudadano que ya no confía en subirse a un taxi. Es la sensación de que cualquier trayecto cotidiano puede convertirse en una pesadilla.
No se trata de promover el pánico, sino de exigir coherencia. La seguridad no puede seguir dependiendo exclusivamente de capturas que llegan después del daño irreparable. Se necesita inteligencia preventiva, control efectivo y, sobre todo, un sistema judicial que no revictimice a la sociedad dejando en libertad a quienes han demostrado ser una amenaza.
Bogotá enfrenta un dilema profundo: o reacciona con reformas reales y articuladas, o seguirá acumulando nombres en la lista de víctimas que, como el profesor Cubides, nunca debieron morir así. La captura de ‘Los Kamaleones’ es apenas un capítulo. El problema, lamentablemente, sigue escribiéndose en las calles.
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