Ante el nuevo modelo de focalización del gasto social en Colombia que comenzará a operar en julio de 2026, se encendieron las alarmas en el Concejo de Bogotá.
Durante un debate de control político, los concejales Rolando González y Óscar Ramírez Vahos advirtieron que la capital no estaría preparada para enfrentar los impactos institucionales, tecnológicos y sociales que traerá el reemplazo progresivo del Sisbén hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).
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La principal preocupación gira en torno a la capacidad del Distrito para garantizar que millones de ciudadanos vulnerables no queden excluidos de subsidios, transferencias monetarias y programas sociales por errores o cambios automáticos en la clasificación socioeconómica.
Crece la preocupación por la trazabilidad de ayudas sociales
Uno de los puntos más críticos expuestos durante el debate fue la falta de trazabilidad inmediata en las transferencias monetarias del programa Ingreso Mínimo Garantizado.
Según las cifras presentadas por el concejal Rolando González, entre enero y marzo de 2026 se enviaron cerca de 669 mil transferencias a población vulnerable, pero 329 mil seguían pendientes de validación. El comportamiento mensual muestra un deterioro acelerado:
- Enero: 20.401 pagos pendientes.
- Febrero: 75.974.
- Marzo: 232.603.
El cabildante cuestionó que la administración distrital no tenga hoy capacidad plena para confirmar el estado de cientos de miles de pagos dirigidos a una población que supera 1,7 millones de beneficiarios al año.
De acuerdo con información institucional citada en el debate, los retrasos estarían relacionados con la ausencia de convenios activos con operadores financieros, lo que obligó al Distrito a utilizar mecanismos alternativos de pago cuya validación es más lenta.
A esto se suma otro dato que encendió las alertas: el indicador de “gestión de transferencias” apenas alcanzó el 52 % en 2025, lo que significa que poco más de la mitad de los pagos enviados logró verificarse como exitosa.
Bogotá depende del Sisbén para entregar subsidios
Durante el debate también se evidenció la alta dependencia que tiene Bogotá del Sisbén como herramienta para asignar ayudas sociales.
Solo en 2025, cerca de 946 mil millones de pesos de la oferta social de la Secretaría Distrital de Integración Social fueron focalizados utilizando este sistema. Para 2026, la cifra ascenderá a 952 mil millones de pesos, equivalentes al 44 % del presupuesto destinado a programas sociales de la entidad.
La preocupación de los concejales radica en que el nuevo RUI cambiará de forma estructural la manera en que se determina quién recibe ayudas del Estado.
¿Qué cambiará con el RUI?
El Registro Universal de Ingresos fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo como el nuevo instrumento oficial para focalizar subsidios y programas sociales en Colombia.
A diferencia del Sisbén tradicional —basado principalmente en encuestas socioeconómicas—, el RUI funcionará mediante cruces automáticos de información administrativa provenientes de entidades como la DIAN, la PILA y otras bases estatales.
Esto implica que la clasificación social de millones de ciudadanos podrá modificarse automáticamente a partir de cambios en registros laborales, ingresos reportados o movimientos administrativos, incluso sin que el ciudadano solicite una nueva encuesta.
Según González, actualmente cerca del 90 % de las personas registradas en el Sisbén ya presentan modificaciones automáticas en su clasificación:
- 43,2 % con actualizaciones correspondientes a 2025.
- 46,5 % con cambios proyectados para 2026.
El concejal advirtió que estas actualizaciones podrían generar incrementos automáticos en el puntaje socioeconómico y provocar suspensiones temporales de subsidios o exclusiones de programas sociales.
“El mayor reto social en 30 años”: Ramírez Vahos
Por su parte, el concejal Óscar Ramírez Vahos calificó la transición hacia el RUI como “el mayor reto social que tendrá Bogotá en los últimos 30 años”.
Durante su intervención, alertó que alrededor de 599 mil hogares bogotanos podrían experimentar cambios en su clasificación socioeconómica una vez entre en funcionamiento el nuevo sistema.
Aunque el análisis preliminar indica que el RUI permitiría corregir errores históricos de exclusión e incluso duplicar el número de hogares identificados en pobreza extrema, el concejal sostuvo que la ciudad todavía no cuenta con una estrategia clara para enfrentar la transición.
Entre las principales falencias señaladas están:
- Ausencia de matrices definitivas de transición entre Sisbén y RUI.
- Falta de interoperabilidad tecnológica.
- Escasa pedagogía ciudadana sobre el nuevo sistema.
- Inexistencia de mecanismos ágiles de reclamación y revisión.
- Riesgos para subsidios de transporte, salud y atención social.
“El Distrito no puede improvisar frente a un cambio que impactará subsidios, transferencias monetarias, salud subsidiada, pasajes gratis en el SITP, atención a personas mayores y múltiples servicios dirigidos a población vulnerable”, afirmó Ramírez Vahos.
Riesgo de exclusión y presión sobre el presupuesto social
Más allá del cambio técnico, el debate dejó en evidencia el enorme impacto social y fiscal que tendrá la implementación del RUI en Bogotá.
El nuevo sistema podría modificar sustancialmente el universo de hogares considerados pobres o vulnerables, lo que obligaría al Distrito a replantear la distribución de recursos sociales y ajustar presupuestos frente a una nueva realidad socioeconómica.
Los concejales coincidieron en que, sin una transición ordenada, existe el riesgo de que miles de familias enfrenten interrupciones temporales en subsidios esenciales mientras se actualizan o corrigen sus datos.
Por ello, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital para garantizar transparencia en las actualizaciones de información, permitir que los ciudadanos conozcan qué entidad modificó sus datos y establecer rutas rápidas de revisión que eviten suspensiones injustificadas de ayudas sociales.
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