Una de cada cuatro cámaras de seguridad no funciona en la capital. El fracaso de la vigilancia urbana, las cámaras apagadas y la delincuencia encendida.
La denuncia de la concejal Diana Diago sobre las 1.367 cámaras de seguridad fuera de servicio en Bogotá revela una crisis más profunda que un problema técnico. Mientras localidades como Los Mártires, Santa Fe y Kennedy, encabezan las cifras de dispositivos dañados, crece la percepción ciudadana frente a la inseguridad con serias fallas en su capacidad de control territorial.
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Los datos son contundentes. Según la respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad a un derecho de petición presentado por la cabildante, 1.367 de las 5.824 cámaras de seguridad de Bogotá están fuera de servicio. Esto significa que el 23,47 % del sistema de videovigilancia no funciona. En términos simples: una de cada cuatro cámaras está apagada, dañada o desconectada en una ciudad atravesada diariamente por hurtos, homicidios, extorsiones y violencia urbana.
No se trata únicamente de un porcentaje. En sociología urbana, la infraestructura tecnológica de seguridad cumple una función simbólica y práctica. Simbólica, porque transmite presencia estatal y capacidad de control territorial. Práctica, porque permite reacción rápida, judicialización y prevención. Cuando casi una cuarta parte del sistema colapsa, el mensaje para la ciudadanía es devastador: el Estado observa menos y el crimen entiende que hay menos capacidad de vigilancia.
Datos por localidad
Las zonas con mayores porcentajes de cámaras fuera de servicio son precisamente territorios históricamente golpeados por distintas formas de violencia y vulnerabilidad urbana. Una problemática donde se muestra que el deterioro no está distribuido de manera homogénea.
En Los Mártires, 85 de 237 cámaras no funcionan, equivalente al 35,87 %. En Santa Fe, la cifra asciende al 32,89 %, mientras que en Kennedy el porcentaje alcanza el 30,74 %. También preocupan Ciudad Bolívar con 30,69 % y Chapinero con 28,19 %.
Aquí emerge una dimensión sociológica fundamental: la desigualdad en seguridad. Las localidades donde el sistema falla con mayor intensidad son territorios donde convergen economías ilegales, informalidad, pobreza urbana, alta densidad poblacional o vida nocturna intensa. En otras palabras, los lugares donde el Estado debería fortalecer más su presencia son precisamente aquellos donde su capacidad tecnológica aparece más debilitada.
La denuncia de la concejal Diana Diago apunta además a un asunto político inevitable: la responsabilidad del gobierno distrital encabezado por Carlos Fernando Galán. La seguridad es, probablemente, el principal indicador mediante el cual los ciudadanos evalúan a sus gobernantes urbanos. Cuando fallan las cámaras, no solo se apaga un dispositivo; también se erosiona la confianza institucional.
Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan una paradoja inquietante: viven en una de las ciudades más vigiladas del país, pero al mismo tiempo sienten que la inseguridad aumenta y que la administración Distrital pierde capacidad de control. Esa percepción no surge únicamente del miedo; también nace de datos concretos como estos.
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