En medio de la creciente crisis de basuras, inseguridad y deterioro del espacio público en varias localidades de Bogotá, comienza a consolidarse un fenómeno que genera preocupación entre ciudadanos y expertos en administración pública: algunos ediles parecen haber cambiado el ejercicio del control político por la lógica de las redes sociales.
Videos grabados en puntos críticos, transmisiones en vivo denunciando problemáticas y publicaciones cargadas de indignación se han convertido en el nuevo formato de visibilidad política local. Sin embargo, detrás de las cámaras, persiste una pregunta inevitable: ¿dónde está la gestión real de quienes fueron elegidos precisamente para solucionar esos problemas?
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir noticias directas y exclusivas:
El caso de la localidad de Rafael Uribe Uribe es uno de los ejemplos más evidentes. Allí, sectores enteros continúan enfrentando acumulación de residuos, presencia permanente de habitantes de calle, deterioro ambiental y quejas ciudadanas reiteradas por la falta de intervención institucional. Paradójicamente, algunos de los mismos actores políticos que hoy aparecen denunciando estas situaciones en redes sociales son quienes tienen la obligación constitucional y administrativa de ejercer control político, proponer soluciones y vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos.
Los ediles, como integrantes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), no fueron elegidos para limitarse a registrar problemáticas con un celular. Su función va mucho más allá de la denuncia mediática. La ley les otorga herramientas para debatir presupuestos locales, hacer seguimiento a contratos, citar a funcionarios, promover proyectos de inversión y exigir resultados concretos a las alcaldías locales.
En términos jurídicos y administrativos, el control político no consiste únicamente en señalar fallas, sino en actuar institucionalmente para corregirlas. Cuando un edil documenta durante meses un punto crítico de basura o inseguridad, pero no impulsa debates de control, no lidera iniciativas locales o no ejerce presión efectiva sobre la administración, surge una preocupante contradicción entre su deber legal y su comportamiento público.
Expertos en administración pública advierten que esta tendencia puede terminar desdibujando la función de las autoridades locales. El problema no es que los ediles comuniquen o visibilicen las problemáticas; por el contrario, la ciudadanía necesita funcionarios cercanos y activos. Lo cuestionable es que algunos conviertan la denuncia en un espectáculo permanente mientras la gestión sigue ausente.
La situación también deja en evidencia una crisis más profunda de gobernabilidad en varias localidades de Bogotá. La falta de resultados visibles, el deterioro de espacios públicos y la escasa capacidad de respuesta institucional han generado una percepción creciente de abandono ciudadano. En ese vacío, algunos actores políticos parecen haber encontrado más rentable políticamente grabar videos denunciando el caos que asumir el costo de gobernar y resolverlo.
La ciudadanía no eligió influencers institucionales, ni mucho menos pagar su salario para hacer videos. Eligió representantes con funciones claras, responsabilidades administrativas y capacidad de incidencia sobre los recursos públicos. Porque mientras algunos convierten las problemáticas locales en contenido digital, las basuras siguen acumulándose, los habitantes de calle continúan ocupando espacios críticos y las soluciones reales siguen sin aparecer.
En democracia, denunciar es válido. Pero gobernar es obligatorio.
Valaguela Radio - Celebramos 10 años al aire
VALAGUELA recibió la Orden Civil al Mérito Diana Turbay Quintero en el Grado Gran Cruz de Oro 2025
VALAGUELA - Medio de Comunicación Destacado del Año 2024
Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito 2023
Reconocimiento TOTEM 2023
Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021
Sigue VALAGUELA en