El drama de la infancia Emberá en Bogotá

La crisis que enfrenta la comunidad Emberá en la capital de Colombia no es nueva, pero sí cada vez más urgente. Cinco años de desplazamiento, hacinamiento, muertes de menores, revictimización institucional e instrumentalización cultural requieren una respuesta concertada, interinstitucional y con enfoque intercultural.

Por un lado la Alcaldía Mayor de Bogotá debe garantizar atención inmediata, Centros Amar, predios adecuados y protección de la infancia. Por otro, la Nación (a través de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, Ministerio del Interior y de Salud) debe ser responsable del retorno o reubicación definitiva, respetando la cultura y autonomía Emberá. Sin esta sinergia y sin escuchar de verdad a la comunidad indígena, el ciclo de desplazamiento, vulnerabilidad y marginación continuará perpetuándose.

Intervención de emergencia en el Parque Nacional

La situación humanitaria de la comunidad indígena Emberá en el Parque Nacional volvió a escalar esta semana, con nuevos episodios de riesgo para la niñez desplazada y un operativo de emergencia encabezado por la Administración Distrital. La intervención, que buscó mitigar las amenazas derivadas de una fiesta convocada por la misma comunidad indígena —con consumo de alcohol, aglomeraciones y descontrol— puso de nuevo en evidencia las tensiones entre el enfoque de derechos, la acción institucional y la resistencia comunitaria frente a las rutas oficiales de protección.

Desde que se conoció la intención de celebrar un evento festivo en el asentamiento informal del Parque Nacional, la alcaldía activó un plan de contingencia. Equipos técnicos y altos funcionarios fueron desplegados en el sitio para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes Emberá, ante el riesgo previsible de vulneraciones a sus derechos fundamentales. La medida contemplaba la articulación de entidades distritales —como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Seguridad, y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre otros— así como el ofrecimiento de traslados hacia los Centros Amar, donde se brinda atención pedagógica, alimentación y un entorno seguro para la infancia.

Sin embargo, la respuesta no logró su objetivo esencial: garantizar el traslado de los menores. Algunos voceros de la comunidad bloquearon el acceso de los equipos, impidiendo la salida de los niños hacia los centros institucionales. Como consecuencia, durante el fin de semana se reportaron múltiples situaciones críticas: menores sin acompañamiento adulto, expuestos a zonas de alto riesgo, manipulando residuos de alcohol, y al menos un caso documentado de niños en estado de alicoramiento.

En medio de este escenario, la administración logró conducir a una persona al Centro de Traslado por Protección por comportamientos contrarios a la convivencia, y atendió varios casos sensibles, sin lograr una cobertura integral. Paralelamente, se presentaron actos de alteración del orden público, incluyendo el bloqueo de la carrera Séptima con vallas improvisadas, lo que desencadenó un siniestro vial que cobró la vida de un motociclista. La Alcaldía lamentó profundamente el hecho, y reiteró que no existe jurisdicción indígena en el Parque Nacional, por lo que debe primar el principio constitucional de protección a la infancia (artículo 44 de la Constitución).

Más allá de las tensiones entre comunidades y autoridades, lo que está en juego es la vida y la integridad de cientos de niños y niñas que han crecido en condiciones precarias, sin acceso regular a la salud, la educación o el juego. Niños desplazados por el conflicto armado, reubicados a la fuerza, que hoy se enfrentan a nuevas formas de violencia urbana, exclusión y estigmatización. Las rutas de protección no pueden ser vistas como una opción: deben ser garantizadas con enfoque diferencial, intercultural y con acompañamiento sostenido.

Bogotá, el Estado y la sociedad tienen una deuda histórica con esta población. Más allá de operativos puntuales, se requiere una política de atención integral y sostenida, que articule el respeto por la identidad cultural con la protección efectiva de los derechos de la infancia.

Propuestas de solución

1. Intervención y liderazgo de la Nación (Unidad para las Víctimas / Ministerio del Interior / Ministerio de Salud)

• Asumir la responsabilidad del retorno o reubicación digna, cumpliendo los fallos judiciales como el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (que exigió evacuación urgente de La Rioja) .
• Establecer una mesa nacional de seguimiento en la que participen la comunidad Emberá, la Alcaldía de Bogotá, la UARIV, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y organizaciones indígenas.
• Garantizar financiación nacional para la adecuación de predios seguros adecuados (espacio, servicios básicos, entornos culturales).

2. Mediación intercultural y construcción de confianza

• Designar un equipo de mediadores culturales e interculturales (de entidades como la Defensoría y autoridades Emberá) para evitar la estigmatización de la Guardia Indígena y construir entendimiento sobre cuidados infantiles y escolaridad.
• Promover la capacitación cruzada: para funcionarios del Distrito sobre cosmovisión Emberá y para líderes Emberá sobre derechos de infancia en Colombia.

3. Espacios seguros temporales alternativos

• Habilitar predios fuera del Parque Nacional pero cercanos, sean evaluado más de 70 predios por parte del Distrito, con capacidad para albergar familias Emberá en condiciones dignas y seguras .
• Garantizar que estos espacios cuenten con Puestos de Mando Unificado (PMU), sistema de salud, apoyo alimentario y educación bilingüe.

4. Protección infantil y enfoque diferencial en la ciudad

• Acelerar el traslado voluntario y concertado de niños a Centros Amar, pero siempre con consentimiento intercultural y participación familiar.
• Instaurar un equipo de protección de infancia itinerante que visite los espacios temporales y garantice atención de salud, nutrición, educación y prevención de violencias (incluido microtráfico).
• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades vecinas y actores generan dinámicas de estigmatización para evitar xenofobia y homicidios.

5. Medidas judiciales y de rendición de cuentas

• Que la Fiscalía investigue con perspectiva étnica las denuncias por uso de menores y maltrato; que los procesos sean transparentes ante líderes Emberá.
• Que la Procuraduría revise posibles omisiones o demoras institucionales frente al cumplimiento de medidas cautelares y provisionales.