Mientras la capital exhibe un auge sin precedentes en construcción de vivienda y renovación urbana, también se profundiza una realidad que golpea a miles de familias: el aumento acelerado de los arriendos, el encarecimiento del suelo y el desplazamiento silencioso de habitantes tradicionales de numerosos barrios populares y centrales. Esa fue la alerta lanzada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien denunció que la capital atraviesa un proceso de gentrificación cada vez más evidente.
Según Carrascal, Bogotá vive una contradicción urbana: “grúas por toda la ciudad, edificios en cada esquina y récord histórico de construcción”, pero al mismo tiempo una creciente imposibilidad para que sectores populares y clases medias permanezcan en sus territorios. La congresista señaló que los arriendos aumentaron un 16 % en el último año y que, entre 2020 y 2024, algunos sectores registraron incrementos acumulados de hasta el 47 %. En zonas con fuerte presión turística y procesos de renovación urbana, el alza podría llegar incluso al 82 %.
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La representante sostuvo que hoy el canon promedio de arrendamiento en Bogotá ronda el millón setecientos mil pesos, mientras en localidades como Chapinero algunos alquileres ya superan los cinco millones mensuales. La situación, afirmó, impacta especialmente a una ciudad donde cuatro de cada diez hogares viven en arriendo y no cuentan con mecanismos reales de protección frente a la especulación inmobiliaria.
Más edificios, menos barrio
El fenómeno descrito por Carrascal apunta a una discusión de fondo sobre el modelo de ciudad que se viene consolidando en Bogotá. Desde una perspectiva sociológica, la gentrificación no es únicamente un cambio urbano o arquitectónico; implica transformaciones profundas en la composición social de los territorios. Barrios históricamente habitados por trabajadores, estudiantes, adultos mayores y pequeños comerciantes empiezan a convertirse en espacios inaccesibles para quienes construyeron su identidad comunitaria.
La representante advirtió que en localidades como Barrios Unidos y Chapinero cerca del 27 % de los hogares reportan desplazamiento residencial. Asimismo, denunció que en el centro histórico de la ciudad más de nueve mil residentes habrían abandonado el sector en los últimos cinco años.
Para Carrascal, este fenómeno no es accidental, sino el resultado de la convergencia entre escasez de suelo en zonas de alta demanda, intereses inmobiliarios y políticas urbanas orientadas a la densificación y renovación. Bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, indicó, se alcanzó una cifra récord cercana a las 49 mil viviendas iniciadas en 2025, consolidando a la construcción como motor económico de la ciudad.
Sin embargo, la congresista cuestionó que el crecimiento inmobiliario no necesariamente se traduzca en acceso a vivienda digna para los sectores populares. “Construir más no garantiza acceso”, insistió, especialmente cuando la oferta está dirigida a hogares con alta capacidad adquisitiva o a modelos de renta corta ligados al turismo y plataformas digitales. En ese contexto, mencionó que Bogotá ya cuenta con más de 23 mil viviendas activas en Airbnb, fenómeno que también presiona el aumento de precios y transforma la vida barrial.
El debate abierto por Carrascal pone sobre la mesa una discusión urgente para Bogotá: si el desarrollo urbano debe medirse únicamente en cifras de construcción y valorización, o si también debe garantizar la permanencia y el arraigo de quienes históricamente han habitado la ciudad.
En una capital marcada por profundas desigualdades territoriales, la disputa por el suelo ya no es solamente económica. Es, sobre todo, una disputa por el derecho a la ciudad, por la memoria de los barrios y por la posibilidad de que el progreso no signifique expulsión.
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