Mientras avanzan las disputas jurídicas y políticas, el Gobierno insiste en que garantizará el pago de las pensiones ya reconocidas y sostiene que Colpensiones continuará respondiendo por las mesadas de los trabajadores afectados.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó este martes una dura acusación contra los fondos privados de pensión y contra decisiones recientes del Consejo de Estado, al asegurar que existe una maniobra para impedir el traslado de recursos de trabajadores hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional.
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Durante una rueda de prensa, el jefe de la cartera laboral afirmó que el Gobierno emprenderá acciones jurídicas “hasta el último suspiro” para recuperar cerca de 25 billones de pesos que, según explicó, corresponden a 120.000 trabajadores que decidieron trasladarse de manera voluntaria desde fondos privados hacia Colpensiones, amparados en el artículo 76 de la Ley 2381.
Sanguino aseguró que, de ese total, más de 25.000 personas ya tienen reconocida su pensión y actualmente reciben sus mesadas a través de Colpensiones, pese a que —según denunció— los fondos privados no han transferido los recursos correspondientes. “Los recursos no son de los fondos privados, son de los trabajadores colombianos”, afirmó el ministro.
Choque con el Consejo de Estado
El funcionario cuestionó con dureza las medidas cautelares emitidas por un magistrado del Consejo de Estado, identificado por el apellido Bedoya, quien suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de esos recursos hacia el fondo público.
Según Sanguino, inicialmente la decisión judicial permitía trasladar cerca de 5 billones de pesos correspondientes a los pensionados ya reconocidos por Colpensiones. Sin embargo, denunció que posteriormente el alto tribunal amplió la suspensión y frenó también ese traslado.
El ministro calificó la actuación judicial como “inexplicable e inaceptable” e incluso señaló que el Gobierno evalúa posibles acciones contra el magistrado por presunto prevaricato. “Aquí hay razones extralegales detrás de ese pronunciamiento”, sostuvo.
Además, acusó al Consejo de Estado de interferir en asuntos que, según el Ejecutivo, son competencia exclusiva de la Corte Constitucional, particularmente sobre la revisión de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381.
Recursos invertidos en el exterior
Uno de los puntos más delicados de la denuncia del ministro tiene que ver con el manejo financiero de los ahorros pensionales. Sanguino afirmó que los fondos privados mantienen cerca de 280 billones de pesos invertidos en portafolios internacionales, especialmente en Estados Unidos.
Según dijo, los recursos que deberían haber sido trasladados a Colpensiones continúan generando rentabilidad para las administradoras privadas. “Se están quedando con recursos ajenos para derivar utilidades financieras”, aseguró.
Las declaraciones elevan la tensión entre el Gobierno nacional y el sector financiero, en momentos en que continúa la incertidumbre jurídica sobre la entrada plena en vigencia de la reforma pensional.
Consejo de ministros definirá acciones
El ministro confirmó que este miércoles 13 de mayo, a las 7:00 de la noche, el primer punto del Consejo de Ministros estará dedicado exclusivamente a definir las medidas jurídicas que adoptará el Gobierno.
En la reunión participarán equipos jurídicos del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Entre las acciones que se estudian están recursos judiciales contra las decisiones cautelares y posibles investigaciones sobre la conducta de los fondos privados.
El presidente Gustavo Petro, según reveló Sanguino, también pidió a la Superintendencia Financiera revisar si existen conductas “dolosas o ilegales” por parte de las administradoras privadas de pensiones.
Llamado a trasladarse a Colpensiones
En medio de la controversia, el ministro aprovechó para invitar a los ciudadanos a trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones antes del 16 de julio, fecha límite contemplada en la reforma para ejercer el derecho de traslado bajo el mecanismo de doble asesoría.
También lanzó críticas a la Corte Constitucional por la demora en resolver las demandas contra la reforma pensional. “No pueden tener la Constitución en una mano y el calendario electoral en la otra”, afirmó.
Incluso, aseguró que los bloqueos institucionales contra la reforma podrían terminar fortaleciendo la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
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