El Regiotram del Norte vuelve a convertirse en escenario de una pelea política que amenaza con frenar una de las obras más importantes para la movilidad regional. Y esta vez, el mensaje del Gobierno Nacional fue claro: si Bogotá no define, la Nación avanza sola.
Mientras miles de personas siguen atrapadas cada día en trancones eternos entre Bogotá y la Sabana, la realidad es incómoda: la administración de Carlos Fernando Galán dejó pasar los plazos. La Gobernación de Cundinamarca logró asegurar sus recursos, el Distrito no alcanzó a cerrar los mecanismos financieros antes de la ley de garantías. Y en infraestructura, el tiempo perdido cuesta miles de millones y años de retraso.
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La decisión del Gobierno Nacional de aumentar su aporte del 70% al 82% para financiar el proyecto no es un simple ajuste técnico. Es, en la práctica, un campanazo político para la administración Distrital. Un “el tiempo se acabó” disfrazado de documento Conpes.
El Regiotram del Norte no es un capricho burocrático. Es una necesidad urgente para una región donde la movilidad ya colapsó. Más de 11 millones de habitantes dependen de soluciones reales y modernas para moverse entre Bogotá y municipios como Zipaquirá. Cada día que pasa sin decisiones claras es otro día de buses llenos, carreteras saturadas y horas perdidas en el tráfico.
Por eso resulta difícil entender cómo un proyecto de 17 billones de pesos sigue atrapado entre discusiones administrativas y diferencias políticas.
En una rueda de prensa la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el gobernador Jorge Emilio Rey y la Empresa Férrea Regional firmaron el otrosí que garantiza nuevos recursos para sacar adelante el Regiotram del Norte. El acuerdo incorpora 1,95 billones de pesos adicionales, respaldados por el CONFIS y el Conpes 4190 de 2026, con el objetivo de fortalecer la viabilidad financiera del proyecto y evitar que la iniciativa se detenga por falta de definición institucional.
Traducido al lenguaje político: la Nación y Cundinamarca decidieron pisar el acelerador mientras Bogotá sigue resolviendo dudas internas. Y aunque el alcalde Galán ahora adopta un tono más conciliador, sus reparos llegan tarde. Sí, tiene razón en señalar problemas de integración urbana, impactos de tramos elevados y dudas sobre la conexión con el SITP. Son observaciones válidas y necesarias. Bogotá no puede aceptar obras mal conectadas o mal planeadas solo por afán político.
Pero también hay una pregunta inevitable: ¿por qué esas alertas no se resolvieron antes de llegar al borde del colapso financiero?
Lo preocupante es que Colombia ya conoce esta historia. Grandes proyectos que duran décadas atrapados entre estudios, cambios de diseño, disputas institucionales y cálculos electorales. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando soluciones que nunca llegan.
El riesgo hoy es enorme. Si no se firma pronto el convenio tripartito entre Nación, Distrito y Gobernación, el cronograma puede romperse justo cuando la licitación está a punto de abrirse. Y cuando un proyecto ferroviario se retrasa, no pierde solo tiempo: pierde credibilidad, inversión y confianza ciudadana.
Ahora el balón quedó del lado del Distrito. Porque al final, más allá de la pelea política, la pregunta de fondo es sencilla: ¿quién responde por los millones de ciudadanos que necesitan este tren?, pues la gente no se moviliza en discursos. Se moviliza en obras.
Y si los gobiernos siguen actuando como vagones desconectados, el Regiotram corre el riesgo de convertirse en otro símbolo nacional de promesas que nunca llegan a destino.
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