La estrategia que busca dinamizar la contratación de poblaciones históricamente excluidas y promover la generación de empleos dignos para la vida fue presentada este martes, en el auditorio Rogelio Salmona. La jornada, convocada por el Ministerio del Trabajo, contó con el respaldo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la Unidad del Servicio Público de Empleo, el SENA y organizaciones sociales aliadas.
El espacio tuvo como propósito explicar los nuevos incentivos tributarios, detallar los mecanismos de reconocimiento para empresas comprometidas con la inclusión y fortalecer la articulación público-privada para la generación de trabajo digno. Durante la jornada, las autoridades insistieron en que la inclusión laboral es una tarea colectiva que involucra al Estado, el sector empresarial y la sociedad civil.
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“Este es un Ministerio de país”: Juan Pablo Florián
El ministro de Igualdad y Equidad, Juan Pablo Florián, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y explicó los retos actuales de su cartera, que continúa en trámite legislativo para garantizar su permanencia tras la decisión de la Corte Constitucional.
Florián subrayó el compromiso del Gobierno del Cambio con la defensa de la clase trabajadora desde una perspectiva de diversidades y recordó que el Ministerio de la Igualdad concentra 24 programas sociales y 14 políticas públicas, que abarcan desde juventudes y mujeres en su diversidad hasta personas mayores, habitantes de calle, personas con discapacidad, población LGTBIQ+, afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas.
“Cuando llegue hace tres meses, recibimos este ministerio con un 4% de ejecución; hoy estamos en 40%. Para una entidad nueva, es un avance que nos llena de orgullo”, afirmó. “Este gobierno ha invertido enormemente en la diversidad y en las garantías de derechos. La inclusión no es solo un discurso: es política pública y es resultado”, añadió.
Incentivos tributarios para contratar con enfoque social
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reafirmó que el nuevo paquete de beneficios busca derribar narrativas que han querido instalar que el Gobierno es “enemigo del empresariado”.
“Este evento demuestra lo contrario: queremos estimular la generación de empleo digno, fortalecer el aparato productivo y promover la inclusión”, señaló.
Sanguino explicó que los incentivos tributarios incluyen:
- Deducción del 120% en el impuesto de renta para empresas que contraten jóvenes en su primer empleo.
- Deducción del 100% en renta para compañías que vinculen personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia.
- Deducción del 120% para la contratación de adultos mayores sin pensión.
- Progresividad en parafiscales para empresas que vinculen población pospenada, con mayores estímulos si contratan mujeres, personas trans o población LGTBIQ+.
El ministro destacó que estos beneficios no son simples alivios fiscales, sino mecanismos de movilidad social, reparación y paz laboral, orientados a romper los ciclos de desigualdad estructural del país.
Sanguino también expuso indicadores económicos para contextualizar estas medidas: un crecimiento del PIB del 2,7%, inflación controlada por debajo del 6% y una tasa de desempleo del 8,2%, “la más baja del siglo”.
Además, recordó que el Gobierno ha incrementado el salario mínimo en un 37,6% en términos nominales desde 2022, con aumentos reales acumulados que superan la inflación.
Compartimos un momento clave: la firma de la Alianza por el Empleo Inclusivo, realizada en el marco de la Jornada de Inclusión Laboral con Beneficios Tributarios.
Enfoque diferencial para potenciar la inclusión
El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, explicó a la periodista de Valaguela el impacto que tendrá la estrategia para las personas con discapacidad, uno de los grupos más excluidos del mercado laboral.
Según las cifras expuestas, Colombia tiene 3,5 millones de personas con discapacidad, de las cuales 2 millones están en edad laboral, pero solo 433.000 tienen una ocupación —y el 80% de ellas en condiciones de informalidad—.
“Lo que pueden esperar es que se abran las puertas a la inclusión. La reforma laboral tiene medidas específicas con enfoque diferencial y la remoción de barreras debe empezar ya”, afirmó Jaramillo.
El viceministro precisó que la obligación de contratación de personas con discapacidad entrará en vigencia el 25 de junio de 2026, mientras que la remoción de barreras ya es exigible bajo la Ley 1618 y la Ley 2624.

Con este paquete de beneficios, el Gobierno apuesta a que más empresas se sumen a un modelo laboral incluyente y con enfoque de derechos, en un país donde la desigualdad y las exclusiones históricas aún representan un desafío central.
Las entidades participantes resaltaron que la política de inclusión laboral no se limita a incentivos tributarios, sino que también se articula con:
- El programa Empleos para la Vida, orientado a jóvenes, personas con discapacidad, población LGTBIQ+ y otros grupos con vulnerabilidades especiales.
- Los sellos reputacionales que reconocen a empresas incluyentes: el Sello CREA y el Sello de Segundas Oportunidades.
Sanguino enfatizó que estas acciones buscan consolidar un modelo de desarrollo que articula productividad, derechos laborales y justicia social: “Queremos una economía para la vida: crecimiento con inclusión, movilidad social y trabajo decente. Porque con dignidad cumplimos”.
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