En una sentencia sin precedentes, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció por primera vez de forma integral sobre la moderación de contenidos en redes sociales y los derechos fundamentales de quienes trabajan como influenciadores digitales.
La decisión, plasmada en la Sentencia T-256 de 2025, responde a una tutela presentada por la reconocida generadora de contenido y actriz Esperanza Gómez Silva contra Meta Platforms, Inc., empresa matriz de Instagram.
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Gómez denunció la eliminación arbitraria de su cuenta de Instagram —con más de cinco millones de seguidores— sin una explicación transparente ni un trato equitativo frente a otras cuentas con contenidos similares. La Corte le dio la razón.
El caso Esperanza Gómez: entre el algoritmo, el estigma y la censura
La actriz alegó que Meta violó sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al cerrar su cuenta sin previo aviso ni una vía efectiva para apelar. Según Gómez, la plataforma la sancionó por su trayectoria como actriz pornográfica, aunque su contenido actual no violaba las normas explícitas de la red.
La Corte encontró que Meta actuó de manera discriminatoria, al aplicar sus políticas de manera desigual y sin justificación frente a perfiles con publicaciones semejantes. El fallo dejó claro que las actividades previas de una persona fuera del entorno digital (como haber trabajado en la industria del entretenimiento para adultos) no pueden ser utilizadas como base oculta o implícita para restringir su acceso a plataformas digitales, a menos que estas reglas estén previamente definidas y sean públicas.
La Corte sentó doctrina en varios temas clave:
- Los derechos fundamentales también se aplican en el ciberespacio. Aunque Meta es una empresa extranjera, su impacto sobre usuarios colombianos le da competencia a los jueces nacionales para proteger derechos vulnerados en el entorno digital.
- Las redes sociales se asemejan a foros públicos administrados por privados. Por tanto, sus decisiones sobre qué contenidos permitir o restringir deben respetar principios como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad.
- La moderación de contenido no puede ser opaca, arbitraria ni discriminatoria. Las plataformas deben garantizar transparencia en sus normas comunitarias, claridad en sus procedimientos y trato igualitario.
- El contenido sexual implícito debe regularse con reglas explícitas. La Corte pidió a Meta revisar la vaguedad de sus políticas sobre contenido sexual y que su Consejo Asesor emita un dictamen consultivo sobre el tratamiento de contenidos relacionados con la sexualidad de adultos.
- La moderación basada en conductas “offline” requiere una justificación normativa clara. Si se va a tomar en cuenta la historia profesional de una persona (como haber trabajado en la industria porno), debe estar expresamente definido en las reglas, ser legal, necesario y proporcional.
Aunque la Corte falló a favor de Gómez, señaló que ya no era posible restablecer su cuenta por razones técnicas. Por ello, declaró el caso como un hecho consumado, pero habilitó a la demandante para que acuda a la justicia ordinaria en busca de reparación.
Más allá del caso puntual, la Corte emitió varias órdenes estructurales dirigidas a Meta para garantizar un entorno digital justo y con reglas claras para todos:
- Crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en Colombia.
- Publicar sus políticas de comunidad y condiciones de uso en español y en un sitio web unificado.
- Revisar y ajustar las condiciones de uso y política de privacidad de Instagram, de forma que los usuarios comprendan los mecanismos para impugnar decisiones de moderación.
- Precisar sus reglas sobre contenido sexual implícito, evitando ambigüedades que abran la puerta a decisiones arbitrarias.
La Sentencia T-256 de 2025 no solo reivindica los derechos de Esperanza Gómez, sino que pone límites al poder opaco de plataformas globales en nombre de una internet más justa. Hoy, Colombia se convierte en un referente regional en la defensa de los derechos digitales, recordando que incluso en el mundo virtual, la Constitución sigue vigente.
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