Consejo de Estado desbloquea proceso de Lineamientos Ambientales para Bogotá y la Sabana. En un importante revés para la Alcaldía de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Camacol y otros actores institucionales y privados, el fallo de segunda instancia tumbó la medida cautelar impuesta por la magistrada Nelly Villamizar, que había frenado temporalmente la expedición de los lineamientos de ordenamiento.
Este fallo representa una victoria clave para el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que había apelado la decisión judicial, defendiendo la necesidad urgente de avanzar en un modelo de ordenamiento ambiental que ponga límites al crecimiento urbano descontrolado y proteja los ecosistemas estratégicos de la región.
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¿Qué estaba en juego?
La medida cautelar, inicialmente impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a instancias de una tutela promovida por la Alcaldía de Bogotá y otros actores, pretendía suspender la expedición de los lineamientos ambientales por parte del Ministerio de Ambiente. El argumento: que dichos lineamientos interferían con las competencias de ordenamiento territorial de los municipios y generaban supuestos vacíos normativos.
Sin embargo, el fallo de segunda instancia desestima estos argumentos, señalando que la protección ambiental no puede subordinarse a intereses urbanos o económicos, y que el Ministerio tiene la competencia y responsabilidad de fijar directrices de ordenamiento ambiental sobre ecosistemas de importancia regional como la Sabana.
Un precedente para la planificación sostenible
La decisión judicial reabre el camino para que el Gobierno Nacional avance en la definición de criterios ambientales vinculantes para los municipios que integran la Sabana, una región que ha estado bajo fuerte presión por la expansión de la construcción, el desarrollo vial y la ocupación de suelos de alto valor ecológico, incluidos humedales y zonas de recarga hídrica.
Voceros del Ministerio de Ambiente celebraron la decisión como “un paso adelante en la defensa del territorio y el bienestar colectivo”, y reiteraron que los lineamientos buscan precisamente garantizar una planificación territorial más coherente con la realidad ambiental de la región.
Mientras sectores ambientalistas y académicos han recibido la noticia con entusiasmo, señalando que se trata de una oportunidad para frenar el modelo de desarrollo depredador que ha caracterizado el crecimiento metropolitano en la Sabana, voceros de Camacol y algunos municipios expresaron preocupación por una supuesta «inseguridad jurídica» que, afirman, podría afectar proyectos de infraestructura y vivienda en curso.
No obstante, la decisión judicial envía un mensaje claro: el ordenamiento ambiental no es una opción, sino una obligación constitucional. El reto ahora es lograr que los lineamientos se concreten en políticas efectivas, con participación de los entes territoriales y sin dilaciones.
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