La capital de Colombia enfrenta días de zozobra. Atracos, homicidios selectivos y una creciente sensación de inseguridad. Acciones violentas que han vuelto a encender las alarmas de las autoridades.
Pero más allá de los hechos visibles que afectan a miles de ciudadanos, lo que se oculta tras el velo de esta coacción urbana es un entramado más complejo: la posible presencia de la denominada ‘Junta del Narcotráfico’, un fenómeno criminal que, según autoridades, estaría operando en Bogotá desde hace más de una década.
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Este lunes, durante un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el Palacio Liévano, las máximas autoridades civiles y militares del país y del Distrito abordaron de frente esta preocupación.
En el encuentro —convocado tras una serie de hechos violentos que han sacudido distintos sectores de la ciudad— se confirmó lo que por meses ha sido objeto de rumores y reportes confidenciales: la infiltración de estructuras narcotraficantes de vieja data en el entramado urbano de la capital.
¿Qué es la ‘Junta del Narcotráfico’?
De acuerdo con lo revelado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, la ‘Junta del Narcotráfico’ no es un cartel tradicional. Es más bien una coalición criminal, integrada por actores que desde los años 90 han combinado actividades ilícitas —como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato— con fachadas legales que les han permitido consolidar redes de poder y economía paralela en la ciudad.
Lo alarmante no es solo su presencia, sino el nivel de articulación y permanencia que estas estructuras han alcanzado. Según datos entregados por la Policía Nacional, 15 homicidios estarían relacionados con esta red en la última década, dos de ellos cometidos en los últimos 21 meses, lo que sugiere que los tentáculos de este grupo no solo siguen activos, sino que se estarían expandiendo.
El reto: seguridad con inteligencia, no solo con presencia
Durante el consejo, el Ministerio de Defensa se comprometió a entregar al alcalde Galán información detallada recopilada por la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaría mapeando las operaciones, alianzas y rutas económicas de los actores involucrados en esta “junta criminal”.
Como medida inmediata, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la llegada de 800 nuevos policías antes de finalizar el año. Otros 700 se sumarán en mayo de 2026, en lo que el Distrito considera una estrategia de “refuerzo estructural” para enfrentar el creciente desafío de seguridad.
Sin embargo, organizaciones sociales y expertos en criminalidad urbana han advertido que el aumento del pie de fuerza por sí solo no resolverá el problema. En barrios populares, donde la Policía brilla por su ausencia o presencia es vista con desconfianza, la ciudadanía exige más que uniformados: pide investigación criminal efectiva, control territorial real y justicia que no llegue solo para los de ruana.
A la ciudadanía, mientras tanto, solo le queda resistir. Las tiendas de barrio cierran más temprano, las mujeres evitan caminar solas en las noches, y los taxistas modifican sus rutas por miedo a ser víctimas. En Bogotá, la seguridad se ha convertido en un lujo, y el miedo, en una constante.
Una pregunta queda al aire: ¿hasta qué punto Bogotá está preparada para enfrentar una criminalidad que no solo dispara armas, sino también compra conciencias, corrompe instituciones y penetra mercados legales?
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