Un llamado urgente a la administración distrital para no abandonar a quienes sostienen la limpieza de la capital.
La amarga incertidumbre enfrenta más de 400 trabajadores y trabajadoras vinculados al servicio de aseo —a través del convenio interadministrativo entre el IDRD, Aseo y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.— quienes fueron notificados del cese de sus actividades, lo que implica, en la práctica, la pérdida inmediata de su sustento.
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La Unión Popular de Trabajadores (UPT), que agrupa a buena parte de este personal, ha expresado su rechazo y preocupación ante lo que califican como una medida injusta, arbitraria y deshumanizadora. En un comunicado, la organización denuncia que esta decisión vulnera derechos laborales básicos y constituye un acto de persecución sistemática contra quienes, por años, han prestado un servicio público esencial y digno a la ciudad.
Los afectados no son simples cifras en una planilla. Detrás de cada despido hay una historia de vida, una familia que depende del ingreso diario de su labor en el aseo. Entre ellos hay madres y padres cabeza de hogar, personas con enfermedades laborales y trabajadores mayores, quienes hoy se encuentran a las puertas de la precariedad económica, sin claridad sobre su futuro.
La UPT señala además la falta de socialización y transparencia en la terminación del proyecto, así como la ausencia de información sobre la implementación de uno nuevo, dejando a la deriva a cientos de trabajadores y a la comunidad bogotana que se beneficia de sus servicios. A esto se suma la preocupante indiferencia institucional: pese a los llamados al diálogo y a las mesas de concertación convocadas por el Ministerio del Trabajo, ni Aguas de Bogotá ni el IDRD han respondido.
La organización sindical advierte también un intento de desmantelamiento de su estructura, ya que entre los despedidos hay más de 120 afiliados, incluyendo directivos con fuero sindical. “Esta ofensiva busca silenciar las valientes denuncias sobre violaciones a los derechos laborales y la gestión inadecuada de los recursos públicos”, señala la Junta Directiva de la UPT.
Esta situación pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué tanto valora la administración distrital el trabajo de quienes sostienen la limpieza, la dignidad y el bienestar urbano? La Alcaldía Mayor de Bogotá, como ente responsable, no puede mirar hacia otro lado. Su silencio y permisividad la hacen cómplice de una injusticia que golpea directamente a los sectores más vulnerables de la capital.
Este jueves 6 de noviembre, la Unión Popular de Trabajadores, junto al concejal José Cuesta Novoa (Colombia Humana – Pacto Histórico), llevará esta denuncia al Concejo de Bogotá, buscando romper la indiferencia institucional y abrir un espacio de diálogo real.
Desde Valaguela portal comunitario, hacemos un llamado urgente a la administración distrital para que actúe con humanidad y responsabilidad social. Bogotá no puede seguir funcionando a costa de la inestabilidad y el sufrimiento de quienes hacen posible la limpieza y orden.
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