En un nuevo debate de control político en el Concejo de Bogotá, varias voces coincidieron en una preocupación central: los recursos sí están, pero no se están ejecutando a tiempo. El resultado, según los cabildantes, se traduce en vías deterioradas, inseguridad y programas sociales que no despegan.
El concejal Juan David Quintero fue directo al señalar lo que considera una desconexión entre el discurso y la realidad. Puso sobre la mesa cifras que inquietan: en la política de mujer, de 70 mil millones de pesos comprometidos, solo se han girado 11 mil millones, es decir, un 16%. “Eso es ineficiente”, dijo. La situación se repite en otros sectores: en movilidad, apenas se ha ejecutado el 26% de los recursos destinados; en ambiente, el giro no supera el 17%.
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La preocupación no es solo por la lentitud, sino por posibles irregularidades. El concejal Fabián Puentes advirtió que, según auditorías de la Contraloría, los hallazgos fiscales alcanzan los 14.820 millones de pesos, concentrados principalmente en tres localidades: Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Para él, esta concentración evidencia una “mayor criticidad” que exige controles urgentes.
En esa misma línea, Samir Bedoya explicó la magnitud del problema: aunque en 2025 los Fondos de Desarrollo Local contaron con un presupuesto cercano a los 3.2 billones de pesos y se comprometió el 99% de esos recursos, solo se giró el 55%. En términos prácticos, 1.39 billones quedaron sin ejecutarse y pasaron como cuentas pendientes para 2026.
Pero más allá de las cifras, en el debate también surgieron cuestionamientos sobre cómo se contrata. La concejal María Victoria Vargas puso el foco en la intermediación: contratos que se firman por valores superiores y luego se subcontratan por montos menores. “¿Para dónde se va la plática?”, cuestionó, recordando investigaciones previas sobre empresas que llevan años contratando con alcaldías locales.
Desde el territorio, el concejal Julián Forero llevó la voz de las comunidades. Tras recorrer localidades como Kennedy, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar, resumió tres problemas recurrentes: vías en mal estado, obras retrasadas y una desarticulación institucional que termina en el conocido “pimponeo” entre entidades. “A la gente no le están brindando soluciones reales”, afirmó.
La concentración de contratos también generó debate. La concejal Sandra Forero señaló que, aunque la administración habla de criterios técnicos, en la práctica hay múltiples contratos concentrados en ciertas firmas, como Fundesco, con presencia en varias localidades y miles de millones en juego.
Otros temas evidenciaron rezagos aún más sensibles. El concejal Julián Rodríguez Sastoque alertó sobre el crecimiento desbordado de animales en condición de calle —de 66 mil en 2022 a 350 mil en la actualidad— y denunció que varias localidades reportaron 0% de avance en el 2025, estas son Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Suba y Rafael Uribe, un asunto inadmisible.
A esto se suman las preocupaciones por el enfoque diferencial. El concejal Óscar Bastidas advirtió que, aunque se habla de avances en políticas étnicas, no existen lineamientos claros que permitan a las comunidades participar directamente en la ejecución de recursos, lo que genera retrasos e incertidumbre jurídica.
La seguridad también encendió las alarmas. La concejal Donka Atanassova aseguró que hay localidades con “cero avances” en metas de seguridad y prevención de feminicidios, lo que —dijo— se refleja en una ciudadanía “desesperada y asustada”.
Frente a este panorama, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la gestión de la administración. Reconoció que el reto principal es cerrar la brecha entre lo que se compromete y lo que realmente se gira. Explicó que se están implementando mediciones constantes y rankings de desempeño en las alcaldías locales. Según sus cifras, en lo corrido del plan de desarrollo se ha alcanzado un 26.7% de avance y, solo en 2025, se logró contratar el 97% en sectores estratégicos.
Sin embargo, el debate dejó claro que la discusión no es solo de porcentajes. Para varios concejales, el problema está en que, mientras los recursos reposan en el papel, en los barrios la espera sigue siendo la misma de siempre.
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