El senador de la República, Jota Pe Hernández, ha realizado graves declaraciones que han sacudido los cimientos políticos del país. En una intervención contundente, Hernández ha levantado serias sospechas sobre la posible complicidad del gobierno en el reclutamiento de menores de 15 años en el conflicto armado.
@jotapehernandez DE SER ESTO CIERTO, SERIA MUY GRAVE!!
♬ sonido original – Jota Pe Hernández
En un interrogatorio directo al Ministro durante una sesión parlamentaria, Hernández planteó una pregunta que dejó perplejos a muchos presentes: «¿Es cierto, Ministro, que los diálogos que se están llevando a cabo con el ELN, y sobre todo en el sexto ciclo en el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego bilateral temporal y nacional entre el gobierno y el ELN, en el punto 14 dejaron especificado lo siguiente: ‘No utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado conforme con el derecho internacional humanitario incluyendo acciones de inteligencia y bélicas’?»
La gravedad de las afirmaciones de Hernández no pasó desapercibida. «Es gravísimo», afirmó enfáticamente el senador, «que el gobierno esté validando esta degradación de estos estándares». Hernández enfatizó que, aunque el Derecho Internacional Humanitario (DIH) hable de menores de 15 años, existe un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la participación de niños en el conflicto armado, que fue firmado y promulgado como la Ley 833 de 2003.
El artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados establece claramente que «los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años».
Las acusaciones del Senador Hernández plantean una seria preocupación sobre la presunta violación de los derechos fundamentales de los menores y la responsabilidad del gobierno en garantizar su protección. Esta denuncia sin duda generará un intenso debate político y requerirá una investigación exhaustiva para esclarecer cualquier posible implicación del gobierno en el reclutamiento de menores en el conflicto armado.
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