Una disposición histórica por ser la primera que contempla el servicio público de impacto social como alternativa para cumplir la pena de prisión.
La Ley de Utilidad Pública que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo y reglamentada recientemente por el Ministerio de Justicia, permite a madres cabeza de familia privadas de la libertad pagar su condena haciendo trabajo comunitario.
De acuerdo a lo expresado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el objetivo con la nueva normativa es permitir el reencuentro familiar entre las madres condenadas, que podría ser de hasta 7.000 mujeres, quienes al cumplir los requisitos establecidos puedan tener una alternativa a la cárcel y pagar su condena.
“El programa consiste en que ellas pueden salir de la cárcel, por supuesto, previa valoración judicial, una a una, de su situación, y pagar la pena mediante labores de utilidad pública. Con esta Ley se pretenden cambiar el chip cultural de la sociedad, que piensa que el castigo cruel en una cárcel repara y restablece, por uno en el que sea, más bien, la verdadera reparación a la víctima, la reconciliación con la sociedad, la cesación en la actividad dañina, la que permita que se haga justicia”, afirmó Osuna.
A su vez, el jefe de la cartera ministerial indicó que el 42% de las mujeres privadas de la libertad son cabeza de hogar y fueron condenadas en condiciones de marginalidad. La ley de utilidad pública beneficiará a quienes cumplan los siguientes requisitos:
1. Madres cabeza de familia.
2. Que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes; o que su condena no exceda 8 años de prisión.
3. Que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad.
Tras la reglamentación de la ley, Johana Bahamón Gómez , activista caleña y presidenta de la Fundación Acción Interna expresó:
«Hoy nace una nueva oportunidad para la justicia como una verdadera reparación, no solo como castigo o indignidad. Mujeres privadas de la libertad podrán volver a sus casas y abrazar a sus seres queridos nuevamente. Gracias a los acuerdos firmados hoy, 1.500 mujeres ya tienen la oportunidad de cumplir su función de utilidad pública y cumplir su condena con servicio a la comunidad«.
Se espera que en los próximos días, cuando las mujeres reclusas tengan más claros los requisitos, puedan realizar las solicitudes pertinentes para que la justicia evalúe quiénes pueden salir de prisión.
Para avanzar en la implementación de la nueva ley tanto el Ministerio de Justicia y organizaciones no gubernamentales, como la Corporación Mujeres Libres vienen implementando jornadas pedagógicas.
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