La entidad fiscalizadora evidenció giros de recursos a fallecidos y graves diferencias en los datos de los beneficiarios.
La actuación adelantada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Contraloría Delegada para la Inclusión Social durante el segundo semestre de 2021, evidenció giros de recursos a fallecidos y graves discrepancias en los datos de los beneficiarios registrados en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, durante las vigencias 2014 a 2020.
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Estos hallazgos darán inicio a Procesos de Responsabilidad Fiscal, derivados de una gestión inadecuada por esta suma (exactamente $692,7 millones), producto de giros desde la UARIV hacia operadores bancarios, de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia.
A su vez, el órgano de control advierte un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV.
Además, los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe. Y se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios.
Esta última situación causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.
Ampliación de la información Comunicado de prensa Contraloría General
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