El documento emitido por el Ministerio del Interior con el cual se modifica los Programas de Prevención y Protección corresponde al Decreto Número 1285 del 2 de agosto de 2023.
El Gobierno de Colombia a través del Ministerio del Interior ha promulgado un decreto con el cual se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgan esquemas de protección a los líderes religiosos debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del MinInterior.
Una reforma administrativa donde se redefine los criterios para la asignación de esquemas de seguridad y revierte una controvertida decisión tomada durante el mandato del expresidente Iván Duque (Decreto 1064 del 24 de junio de 2022).
Una disposición que había generado debates y preocupaciones, ya que establecía medidas de seguridad para líderes religiosos en función de su rol en la comunidad y su conexión con asuntos de seguridad, a menudo dejando margen para interpretaciones ambiguas.
Sobre las autoridades religiosas y los líderes religiosos, el Decreto 1064 señalaba: «Ahora bien, en cuanto al líder religioso tenemos que no solamente las autoridades anteriormente mencionadas llevan a cabo el ejercicio ministerial o de servicio dentro de una comunidad religiosa sino que también muchos de sus miembros ejercen todo tipo de actividades ministeriales o de servicio y colaboración dentro de estas organizaciones…».
Esquema de seguridad
Con el nuevo Decreto firmado por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco E Iván Velásquez, ministro de Defensa Nacional, se modifican algunos con referencia a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.
En un análisis detallado del decreto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) subrayó que, en relación con los servidores públicos que participaron en el Consejo Nacional de Seguridad y avalaron extradiciones, la protección debe basarse en la consideración de las situaciones derivadas de la violencia política, ideológica o el conflicto armado interno.
La UNP señaló que aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en decisiones sobre extradiciones deberían recibir protección no debido a sus cargos, sino como resultado de los riesgos excepcionales o extremos que enfrentan, determinados a través de evaluaciones de riesgo.
El decreto 1285/2agosto2023 también establece un régimen de transición para aquellos individuos que recibieron medidas de protección en virtud de la regulación anterior.
Estas personas deberán someterse a una revaluación de su nivel de riesgo en un plazo de 10 días a partir de la promulgación del decreto del Gobierno de Gustavo Petro. Si se determina que ya no enfrentan un riesgo significativo, las medidas de protección podrán ser ajustadas o incluso suspendidas.
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