La controversia política en Colombia continúa en aumento tras las revelaciones del diario The New York Times sobre indagaciones preliminares en cortes federales de Estados Unidos por posibles vínculos entre el presidente Gustavo Petro y redes del narcotráfico.
Según los reportes, las pesquisas contarían con el apoyo de agencias como la DEA y estarían relacionadas con eventuales conexiones en el marco de la política de “paz total”. Aunque no existen acusaciones formales, el caso ha generado fuertes reacciones en el país.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que el presunto vínculo señalado tendría un nombre específico: alias “Calarcá”, cabecilla de disidencias de las Farc.
Rendón afirmó que existe una posible connivencia del Gobierno con estructuras armadas ilegales, señalando que algunas decisiones institucionales habrían favorecido su accionar. Además, cuestionó la liberación de alias Calarcá tras su captura por el Ejército en Antioquia, hecho que —según el mandatario— evidencia un debilitamiento del Estado.
“El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal”, expresó el gobernador, quien también pidió resultados sobre la información incautada en dispositivos electrónicos durante operativos recientes.
Investigación en EE. UU. y posibles testigos
Las indagaciones en Estados Unidos incluirían testimonios de personas privadas de la libertad, bajo mecanismos como la Regla 35, que permite reducciones de pena a cambio de cooperación con la justicia.
Entre los posibles testigos se mencionan integrantes de redes criminales y narcotraficantes extraditados, lo que ha incrementado la tensión política y mediática alrededor del caso.
Respuesta del Gobierno nacional
El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica los señalamientos y reiteró que nunca ha tenido vínculos con el narcotráfico. Asimismo, defendió la legalidad de su campaña y aseguró que no se recibieron recursos ilícitos.
Desde la Casa de Nariño también se enfatizó que no existe ninguna investigación formal en su contra en Colombia, mientras que la embajada colombiana en Washington calificó las versiones como carentes de sustento legal.
El debate cobra especial relevancia en Antioquia, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales, donde persisten problemáticas como extorsión, narcotráfico, homicidios y reclutamiento forzado.
En este contexto, Rendón cuestionó la respuesta del Gobierno frente a la situación de orden público: “Para atacar a Antioquia están siempre listos; pero, para perseguir a los verdugos de nuestro pueblo, miran con complicidad hacia otro lado”, concluyó.
La polémica sigue abierta mientras avanzan las indagaciones internacionales y se intensifica el debate político en el país.
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