Devuélvanme a mi Bebe – Madre denuncia supuesta retención arbitraria de su hijo recién nacido en Bogotá
Sandra Pinilla Rojas, una madre angustiada y desesperada, quien llego a este medio de comunicación para exponer su caso y solicitar ayuda en la recuperación de su hijo, Benjamin Pinilla Rojas, quien, según su relato, le fue arrebatado arbitrariamente y mediante engaños poco después de su nacimiento. La madre aparece en el registro civil de nacimiento como la madre legitima del menor, así como en el certificado de nacido vivo.
Según la denuncia de Sandra, su hijo nació el 11 de enero de 2024 en el Hospital de la Victoria, Bogotá, tras un parto complicado. A pesar de su estado de vulnerabilidad posparto, apenas 12 días después, Benjamin fue trasladado a un hogar sustituto y actualmente se encuentra en la Fundación Casa para la Madre y el Niño.
En su derecho de petición enviado a la Super intendencia nacional de Salud y Sub Red Centro Oriente, Sandra narra los hechos que considera injustos y dolosos, que ademas podria tratarse de una posible red que intenta arrebatarle hijos a madres indefensas. Según su relato, la trabajadora social Angela Gisella Fontecha Barragan, de la SubRed Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, al parecer mostró un interés indebido por el menor y no tardo en deslegitimarla como madre, utilizando argumentos que Sandra califica como falsos y engañosos. Este acto, según ella, culminó en la apertura de un proceso administrativo para el restablecimiento de derechos del menor, basado en un documento que ella considera doloso, alterado y viciado.
Sandra quien es auxiliar de enfermeria, cuestiona la ética y la legalidad del proceso, señalando que en el documento se menciona que su hijo tiene 16 meses de nacido, mientras que según su certificado de nacido vivo, Benjamin apenas tiene seis meses. Además, Sandra subraya que el documento incluye términos subjetivos como «se sospecha» para justificar la separación del menor, lo que ella considera insuficiente y falaz.
En su petición, Sandra solicita la anulación del auto de apertura del proceso administrativo, el restablecimiento de sus derechos como madre y el regreso inmediato de su hijo a su hogar. También pide una investigación contra las funcionarias Angela Fontecha y Aura Liliana Rojas Rodríguez, defensora de Familia del ICBF, quienes, según ella, habrian actuado de manera indebida y con malas intenciones, faltando a la etica y al secreto profesional.
Además, Sandra pide asistencia jurídica urgente para defender sus derechos y los de su hijo, sintiéndose sola y desamparada frente a lo que describe como una situación de abuso y engaño por parte de las instituciones involucradas.
El caso de Sandra Pinilla Rojas pone de manifiesto las dificultades y vulnerabilidades que enfrentan algunas madres en situaciones críticas, y plantea serias preguntas sobre la transparencia y la justicia en los procedimientos administrativos relacionados con el bienestar infantil.
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