Nuevas adiciones millonarias en contratos en la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe desatan Polémica
En un episodio que ha avivado las sospechas de un posible «carrusel de contratos» en la administración pública de Bogotá, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe realizó adiciones presupuestales a al menos ocho contratos relacionados con la malla vial, todos en una sola jornada: el 31 de julio de 2025. Esta coincidencia temporal, que alineó con el cierre de múltiples procesos jurídicos y financieros, ha generado interrogantes sobre la transparencia y la planeación en la ejecución de obras públicas, en un contexto donde la contratación local ya enfrenta escrutinio por parte de organismos de control y el Concejo de Bogotá.
Desde que Diana Carolina Sánchez Castillo asumió el cargo de alcaldesa local en julio de 2024, mediante un proceso de designación por parte del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, la entidad ha sido centro de atención por sus prácticas contractuales. Según documentos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), estas adiciones han rozado sistemáticamente el límite del 50% permitido por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia.
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Este patrón no es aislado: en los últimos meses, el ejercicio del control político en el Concejo ha incluido debates acalorados sobre una presunta colusión entre contratistas y funcionarios, con acusaciones de que estos últimos podrían estar influidos por intereses privados para adjudicar obras y servicios. Uno de los casos más destacados involucra el contrato suscrito con la firma Maya por un valor inicial de 8.545 millones de pesos, adjudicado al Consorcio Conservación Vial para intervenciones en la red vial de la localidad. El 31 de julio de 2025, la interventoría aprobó una adición de 4.677 millones de pesos, junto con una prórroga de cuatro meses, elevando el monto total a 13.223 millones y extendiendo el plazo de entrega hasta marzo de 2026. Esta modificación, que representa casi el máximo legal permitido, se justificó por necesidades técnicas imprevistas, según fuentes oficiales. Sin embargo, críticos argumentan que tales ajustes masivos podrían indicar deficiencias en la planeación inicial o, peor aún, maniobras para inflar costos y beneficiar a determinados actores.
Pero este no fue un incidente aislado. Ese mismo día, se firmaron adiciones a siete contratos adicionales de infraestructura, sumando un valor colectivo superior a los 10.600 millones de pesos. La simultaneidad de estas operaciones ha sido calificada por opositores como «sospechosa», evocando recuerdos de escándalos pasados en la capital, como el famoso carrusel de la contratación durante administraciones anteriores.
En respuesta a consultas de medios como Noticias Uno, la alcaldesa Sánchez Castillo defendió las decisiones: «No fue una decisión improvisada ni con fines irregulares. Esa fecha coincidió con el cierre de varios procesos técnicos, jurídicos y financieros. Cada una de esas adiciones fue soportada jurídica, técnica y financieramente». La funcionaria enfatizó que no se violó el principio de planeación, sino que se aplicó el de economía, permitiendo ajustes necesarios para evitar paralizaciones en las obras.
Otro proceso llamativo es que, el 13 de diciembre de 2024, la alcaldía de Rafael Uribe Uribe también celebró un contrato interadministrativo con la Fundación REDU por 2.377 millones de pesos, el cual fue posteriormente fue sujeto de una aidción del 50% del valor inicial, alcanzando un total de 3.565 millones de pesos.
El debate trasciende los números. Una concejala bogotana, en declaraciones públicas, ha sugerido que los contratistas podrían tener injerencia en la selección de alcaldes locales, no solo en esta administración sino en gestiones previas. «He venido denunciando que, finalmente, quienes presuntamente terminan poniendo a los alcaldes locales son los contratistas», afirmó, insinuando un entramado de influencias que prioriza intereses económicos sobre el mérito público. Sánchez Castillo rechazó categóricamente estas acusaciones, asegurando que su designación provino de un «proceso meritocrático» y no estuvo influenciada por ningún particular, sea contratista o no.
Este escrutinio se enmarca en un panorama más amplio de reestructuración en la Alcaldía Mayor de Bogotá. A finales de agosto de 2025, Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales, motivado por irregularidades detectadas en contratos y una baja ejecución presupuestal en varias localidades. Esta medida, anunciada como parte de un «proceso de seguimiento y mejora», buscaba evaluar el desempeño y responder a quejas ciudadanas sobre temas como basuras, inseguridad y obras inconclusas. Hasta la fecha, Galán ha aceptado las renuncias de las alcaldesas de Fontibón y Chapinero, ambas con cuestionamientos similares en su gestión contractual. Fuentes cercanas a la administración indican que esta revisión podría extenderse a otras localidades, incluyendo Rafael Uribe Uribe, si persisten las denuncias.
La localidad de Rafael Uribe Uribe, una de las más densamente pobladas del sur de Bogotá con más de 400.000 habitantes, depende en gran medida de inversiones en infraestructura vial para mejorar la movilidad y la calidad de vida. Sin embargo, casos como estos resaltan los desafíos persistentes en la contratación pública colombiana, donde la Ley 80 busca equilibrar eficiencia y transparencia, pero a menudo se ve tensionada por presiones presupuestales y políticas. Organismos como la Contraloría Distrital y la Personería de Bogotá han anunciado investigaciones preliminares, aunque aún no hay conclusiones formales.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas concretas. ¿Fueron estas adiciones un mero ajuste técnico o el síntoma de un problema sistémico? La alcaldesa Sánchez Castillo mantiene que todo se ajusta a la norma, pero el eco de las denuncias sugiere que el debate está lejos de cerrarse .En un año electoral venidero, estos episodios podrían influir en la percepción pública sobre la gestión de Galán y su equipo, recordándonos que la vigilancia sobre el gasto público es esencial para la democracia local.
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