Gobierno suspende su participación en el empalme hasta que existan garantías institucionales y denuncia penalmente a Carlos Alonso Lucio
El comité de empalme del Gobierno Nacional anunció la suspensión de las sesiones conjuntas del proceso de transición hasta que, según afirmó, existan condiciones de respeto institucional. Además, confirmó que radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por las declaraciones que entregó a un medio de comunicación, al considerar que afectan la honra y el buen nombre del presidente Gustavo Petro y de su equipo de gobierno.
El ministro de Hacienda y coordinador del proceso de empalme, Germán Ávila, informó este martes que el comité nacional de empalme del Gobierno Nacional decidió suspender su participación en las sesiones conjuntas con el equipo del gobierno entrante, argumentando que actualmente no existen las garantías necesarias para desarrollar un proceso institucional.
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La decisión fue anunciada durante una declaración pública en la que el funcionario aseguró que el Gobierno ha cumplido con las obligaciones legales de entrega de información y sostuvo que el proceso debe mantenerse dentro de un marco técnico, institucional y respetuoso de la Constitución.
Ávila señaló que el detonante de la medida fueron las recientes declaraciones de Carlos Alonso Lucio, integrante del comité de empalme del gobierno electo, quien en una entrevista a medios formuló señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y su administración. Según el ministro, esas manifestaciones desnaturalizan el propósito del empalme y convierten un proceso administrativo en un escenario de confrontación política.
«El empalme no es una investigación penal, no es un juicio ni una plataforma política», enfatizó el funcionario al leer la declaración oficial del comité.
Denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio
Durante su intervención, el ministro confirmó que el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por considerar que sus declaraciones afectan la honra y el buen nombre del presidente Gustavo Petro y de su equipo de gobierno.
Ávila afirmó que cualquier eventual responsabilidad debe ser determinada por las autoridades competentes y no en el escenario del empalme, al tiempo que sostuvo que las diferencias políticas deben tramitarse dentro del Estado de derecho.
Asimismo, cuestionó que el proceso haya sido presentado públicamente como un supuesto «empalme anticorrupción», insistiendo en que la transición entre gobiernos es un procedimiento institucional regulado por la ley y no un mecanismo de investigación.
Piden acompañamiento de la Procuraduría
Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno informó que envió una comunicación al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, invitando a la Procuraduría General de la Nación a acompañar las sesiones de empalme mediante procuradores delegados o funcionarios competentes.
Según explicó Ávila, la presencia del organismo de control busca fortalecer la transparencia, la objetividad y las garantías para ambas partes durante el proceso. También expresó su respaldo al acompañamiento de la Contraloría General de la República.
El Gobierno asegura que continuará entregando la información
Pese a la suspensión de las sesiones conjuntas, el ministro aseguró que los ministerios y departamentos administrativos continuarán entregando los informes de gestión correspondientes, tal como lo establece la Ley 951 de 2005.
Ávila reiteró que la decisión no implica suspender la entrega de información pública, sino proteger, según dijo, la dignidad institucional del proceso hasta que existan condiciones de respeto recíproco para reanudar las mesas de trabajo entre ambos equipos de transición.
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