Concejal pide al nuevo presidente cumplir su promesa contra la impunidad con más URI para Bogotá
El concejal de Bogotá Juan David Quintero pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, convertir en acciones concretas una de las principales promesas de su campaña: combatir la impunidad.
El cabildante solicitó al nuevo Gobierno Nacional respaldar la ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), fortalecer la capacidad de la Fiscalía y de la Rama Judicial y articular esfuerzos con el Distrito para mejorar el acceso a la justicia en la capital.
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La petición cobra relevancia luego de que De la Espriella utilizara la valla en campaña «Conmigo se acaba la impunidad que tiene a Bogotá jodida», mensaje con el que planteó un endurecimiento de la respuesta institucional frente a la criminalidad.
Según Quintero, el reto no termina con el aumento de capturas por parte de la Policía, sino que depende de que el sistema judicial responda con investigaciones oportunas, judicialización y sanciones efectivas.
¿Solo seis URI para Bogotá?
La capital cuenta actualmente con seis Unidades de Reacción Inmediata en funcionamiento: Paloquemao, Ciudad Bolívar, Bosa-Campo Verde, Puente Aranda, Kennedy y Engativá. Para Quintero, esta capacidad resulta insuficiente frente a una ciudad con 20 localidades y más de ocho millones de habitantes, situación que dificulta el acceso de las víctimas a la justicia.
El concejal sostiene que la falta de infraestructura judicial desestimula la denuncia, pues muchos ciudadanos deben desplazarse largas distancias, invertir varias horas y, en numerosos casos, perciben que sus denuncias no generan resultados.
La URI de Suba, una obra que sigue pendiente
Uno de los principales ejemplos mencionados por Quintero es la futura URI de Suba, proyecto concebido para atender la alta demanda de justicia en el noroccidente de la ciudad.
La construcción de esta sede fue anunciada por la administración distrital en 2022 y estaría ubicada detrás de la Estación de Policía de Suba, en la carrera 92 con calle 146C. En ese momento, la Alcaldía informó que la infraestructura beneficiaría no solo a los habitantes de Suba sino también a sectores del norte de Bogotá, con servicios permanentes de recepción de denuncias, judicialización de capturados en flagrancia y actos urgentes de investigación.
Sin embargo, el proyecto no ha entrado en funcionamiento. En los últimos años ha registrado retrasos que han sido objeto de seguimiento por parte de concejales de la ciudad, quienes han advertido demoras significativas en su ejecución y han pedido acelerar la entrega de la obra.
Llamado al nuevo Gobierno Nacional
Para el concejal, la seguridad de Bogotá no puede entenderse únicamente como una responsabilidad del Distrito. Considera que el Gobierno Nacional debe respaldar el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, aumentar la presencia de fiscales y jueces y acelerar las inversiones en infraestructura judicial que permitan combatir la reincidencia y reducir la impunidad.
«Bogotá no necesita más diagnósticos. Necesita justicia que funcione. Si el presidente electo prometió acabar la impunidad, aquí tiene una tarea concreta: ayudar a que la justicia llegue a las localidades», concluyó Quintero.
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