Amiguismo entre fiscales y abogados de aseguradoras en casos de accidentes de tránsito
En los despachos judiciales del país se repite una historia que cada día indigna a más ciudadanos: las víctimas de accidentes de tránsito enfrentan una carrera cuesta arriba por obtener justicia, mientras los infractores parecen contar con un respaldo invisible, pero poderoso: el de las aseguradoras y su cercanía con los fiscales y jueces encargados de los casos.
El poder de los seguros frente al ciudadano común
El argumento que más se escucha en los pasillos judiciales es simple y lapidario: “El seguro paga”. Con esa frase, muchos conductores imprudentes —amparados por pólizas y abogados experimentados en defensa de aseguradoras— se desentienden de la responsabilidad real de sus actos.
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Mientras tanto, las víctimas, en su mayoría ciudadanos de a pie, deben costear un abogado particular, recolectar pruebas por cuenta propia y enfrentarse a un proceso legal desgastante, lento y costoso. En contraste, los infractores acuden respaldados por firmas jurídicas contratadas por las aseguradoras, cuyos representantes son conocidos habituales en las fiscalías y juzgados.
Una fiscalía sin imparcialidad
Una de las denuncias conocidas por este medio revela un panorama preocupante. Una mujer —atropellada por un vehículo Renault Kwid que omitió una señal de pare y circulaba a alta velocidad— decidió emprender una acción legal contra el conductor. El accidente le dejó graves lesiones físicas y un proceso de recuperación que aún continúa.
El hecho, el calvario comenzó en la Fiscalía. Desde el inicio, la fiscal encargada del caso le advirtió a la víctima que “ese tipo de demandas suelen perderse” y que “el proceso podía tardar más de cinco años”. Le sugirió incluso no desgastarse.
Aun así, la víctima persistió. Contrató a un abogado, y aunque solicito al sistema fiscal recoger las pruebas, debio hacerlo por cuenta propia, reunió pruebas y acudió a las audiencias. Fue entonces cuando presenció algo que la dejó sin aliento: al llegar los abogados del conductor imprudente—dos representantes de la aseguradora—, la fiscal los saludó con una alegría que desentonaba con la gravedad del proceso. Entre risas y comentarios personales, conversaban sobre su vida privada, sus familias y amistades compartidas, mientras la víctima observaba en silencio, sintiéndose invisible y sin apoyo institucional.
Procesos que no avanzan
Fuentes consultadas aseguran que este tipo de situaciones son frecuentes. “Los abogados de las aseguradoras ya conocen a los fiscales, a los jueces, a los peritos. Llevan años litigando juntos y eso crea un ambiente de camaradería que termina jugando en contra de las víctimas”, explica un abogado independiente especializado en derecho penal y tránsito.
El resultado de esa cercanía es evidente: los procesos se dilatan, las audiencias se aplazan, l recolección de pruebas no se hacen o se pierden y las víctimas terminan desistiendo. En muchos casos, los expedientes se archivan o se resuelven en acuerdos favorables para las aseguradoras, con indemnizaciones mínimas y sin sanción ejemplar para los conductores responsables.
Un sistema desigual
La balanza, claramente, no está equilibrada. De un lado, un ciudadano herido, sin recursos, que debe luchar contra la burocracia y la indiferencia. Del otro, una estructura sólida de abogados, relaciones y poder económico.
El problema no es solo de aseguradoras o fiscales: es un síntoma de un sistema judicial que ha normalizado la desigualdad y la falta de empatía hacia las víctimas del tránsito.
La deuda con las víctimas
Colombia registra miles de accidentes de tránsito al año, muchos de ellos con consecuencias fatales o incapacitantes. Cada caso representa una historia de dolor, pero también de desconfianza hacia un sistema que debería garantizar justicia.
Las víctimas no piden favores, solo equilibrio: que sus denuncias sean escuchadas, que los procesos avancen, y que la justicia deje de ser un terreno donde la amistad y el poder económico pesan más que la verdad.
Estadísticas sobre siniestralidad vial en Bogotá
- Según el Anuario de Siniestralidad Vial Bogotá 2024, en ese año se presentaron más de 12.000 siniestros viales, que dejaron 565 víctimas fatales.
- Los peatones también han sufrido un repunte: de acuerdo con Infobae y datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las muertes de peatones en Bogotá aumentaron un 38,78 % en 2024 frente a 2023.
- En diciembre de 2024, hubo 54 muertes en siniestros viales en Bogotá, lo que representa un aumento del 46 % frente al mismo mes del año anterior.
- Según el Concejo de Bogotá, hasta cierta fecha en 2024 se reportaron más de 14.000 lesionados en alrededor de 7.000 siniestros viales.
- Además, para 2024 se registraron 463 muertes en vías distritales por siniestros viales, de acuerdo con la conmemoración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales.
- Solo el 4 % de los casos de muertes viales llega a juicio
Según reporta El País, en Colombia apenas un 4 % de los siniestros con víctimas fatales llegan a juicio.
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