Bogotá exige renuncias, pero ¿quién controla a los alcaldes locales?

Contratos, camionetas de lujo y cuotas políticas la realidad oculta de los recursos públicos

Ayer, jueves 28 de agosto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó la renuncia protocolaria de los alcaldes y alcaldesas locales de la ciudad, como parte de una estrategia de “evaluación permanente” en su esquema de gerencia pública. Así lo anunció el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en Twitter, al señalar que las administraciones locales deben actuar con transparencia, eficiencia y resultados, y que el seguimiento será cada vez más riguroso.

La decisión se anticipa a un esperado informe de la Contraloría Distrital sobre presuntas irregularidades en contrataciones dentro de esas administraciones, programado para los próximos días.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que el Distrito firmó acuerdos de gestión con cada mandatario local cuya fecha de corte fue el pasado 31 de julio, y que la instrucción del alcalde es clara. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, afirmó en redes sociales.

Un día después, Quintero recalcó que esta decisión no obedece a negociaciones políticas, como han insinuado algunos sectores, sino a un sistema de seguimiento riguroso, donde dicho análisis determinara a quienes deben ratificar en el cargo.

Lo que se dice y lo que ocurre en la realidad

Aunque el discurso oficial apunta a una medida técnica, la realidad política de las alcaldías locales es más compleja:

• Son ampliamente reconocidas como fortines clientelistas de concejales, así lo expreso el alguna oportunidad Diana Diaggo, donde la repartición de cuotas burocráticas es moneda corriente.
• Alcaldes locales, en espacios privados, han sugerido al oido haber cumplido con ocupar en puestos a pedidos de concejales, cuotas que al parecer tambien tienen pedidos por parte de los ediles que los ternaron, puestos que no solo estan en las alcaldias locales sino en varias entidades del distrito.
• La concejal María Victoria Vargas ha denunciado públicamente casos de sobrecostos, corrupción y nepotismo, señalando a varias localidades, entre ellas Rafael Uribe Uribe.

A estas alertas se suma que la Contraloría Distrital está a punto de revelar hallazgos de presuntas irregularidades en contrataciones de varias alcaldías, lo que explica la urgencia de Galán en exigir renuncias protocolarias.

¿Por qué ahora? Más que gerencia, ¿es control político?

El anuncio del Distrito se da en un escenario de alta tensión política: concejales como Diana Diago han denunciado que las alcaldías locales funcionan como «cajas menores» de partidos políticos, con prácticas clientelistas y desvío de recursos

El medio Semana apunta que la decisión de pedir las renuncias llega una semana antes de que la Contraloría publique hallazgos sobre contrataciones locales, lo que sugiere una maniobra preventiva del Distrito.

El caso Rafael Uribe Uribe: camionetas de lujo vs. necesidades reales

Camionetas de lujo: la nueva “moda” entre alcaldes locales

Un caso que ha indignado a la ciudadanía es la compra de camionetas de alta gama con recursos públicos:

• En Rafael Uribe Uribe, según denunció el líder comunitario Michael González mediante un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa local autorizó la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida 4×4 por 268 millones de pesos (orden de compra N.º 147531 de 2025 con ALFA AM S.A.S.).
• El precio real de mercado de un vehículo hibrido 4×4 oscila entre 140 y 180 millones de pesos.
• No es un caso aislado: la alcaldía de Suba y otros mandatarios locales también adquirieron el mismo modelo de camioneta, lo que sugiere que se ha convertido en una tendencia entre alcaldes locales mostrar poder y opulencia mediante vehículos de lujo pagados con impuestos de los bogotanos.

@michael.seguridad.cd #bogota ♬ sonido original – Michael.Gonzalez.Seguridad

Mientras tanto, localidades como Rafael Uribe Uribe enfrentan graves problemas de Seguridad, basuras, habitantes de calle, microtráfico y pobreza, que contrastan con la compra de carros blindados o de alta gama para el desplazamiento de sus mandatarios.

Hoy por hoy la mayoría de alcaldes locales se han volcado al mundo “Influencer” donde a través de videos y de protagonismo desean reflejar una gestión alejada de la realidad que adolecen los territorios, mientras que las estadísticas de ejecución y resolución de problemáticas con base en los resultados y base comunitaria reflejan cifras dispares.

Control político vs. participación comunitaria

Las Juntas Administradoras Locales (JAL) tienen el mandato de ejercer control político, aprobar proyectos y supervisar a los alcaldes. Sin embargo, múltiples denuncias apuntan a que estas instancias han fallado en cumplir su rol efectivo, permitiendo que los alcaldes respondan más a su afinidad y participación política que a la comunidad.

Quintero subraya evaluación, pero ¿qué papel juega la comunidad?

Hoy, Gustavo Quintero reiteró que los alcaldes locales están evaluados por su ejecución, trabajo comunitario, relaciones con juntas de acción comunal y otros indicadores sociales, y anticipó posibles ratificaciones prontas. Sin embargo, no mencionó mecanismos reales de control ciudadano o el papel de las JAL, lo cual deja una pregunta abierta: ¿quién realmente supervisa la gestión local?

La orden de renuncia protocolaria del alcalde Galán puede leerse como una medida de gerencia pública, pero también como un llamado de atención ante denuncias legítimas de corrupción, irregularidades y despilfarro. Ejemplos como el gasto exorbitante en vehículos, los sobrecostos masivos y la ausencia de control político efectivo ilustran la urgencia de cambios profundos.

De la gestión pública al ‘favorcito’ privado”

Para muchos en los barrios, el gran sueño no es ver solucionadas las basuras ni la inseguridad, sino convertirse en “amigos” de un alcalde local. Un encuentro en privado, una llamada a tiempo o, mejor aún, una invitación a cenar puede abrir la puerta a lo que en el lenguaje político llaman “gestión”, pero que en la práctica se traduce en un contrato, un puesto para un familiar o un favorcito bien acomodado. Es la otra cara del poder local: el acceso exclusivo que se negocia en silencio, lejos de los micrófonos comunitarios y del control ciudadano.

¿Prefiere usted que su barrio reciba inversión social, o que su primo quede nombrado en una oficina gracias a un guiño político? Esta es la disyuntiva que parece rondar en la mente de quienes rodean a varios alcaldes locales. Porque más allá de los planes de desarrollo, lo que verdaderamente trasnocha a algunos círculos cercanos al poder es mantener viva esa relación íntima con el alcalde, esa llave secreta que abre puertas y otorga beneficios personales, aunque sea a costa del bienestar colectivo.

La comunidad reclama que los recursos deben servir para enfrentar problemas reales: inseguridad, basuras, vulnerabilidad social, no para reforzar el estatus político de quienes ejercen el poder. Ahora más que cartas de renuncia, Bogotá exige decisión, transparencia y compromiso con el bien común.