Graves fallas en la atención a víctimas de violencias basadas en género en Suba

La Bancada de Mujeres de la Junta Administradora Local (JAL) de Suba, puso en evidencia una preocupante realidad: las rutas de atención para mujeres víctimas de violencias basadas en género presentan fallas estructurales que revictimizan y obstaculizan el acceso efectivo a la protección de sus derechos.

Durante la sesión adelantada en el auditorio de la corporación, se contó con la participación activa de las edilesas, quienes compartieron hallazgos obtenidos durante visitas encubiertas a Comisarías de Familia en Suba. En este ejercicio, acudieron como ciudadanas del común para evaluar la calidad del servicio y la respuesta institucional ante casos de violencia. El resultado fue contundente: barreras de acceso, horarios restringidos, desinformación y tratos discriminatorios.

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“En dos de las cuatro comisarías que hay en Suba, nos encontramos con que no hay atención continua. En algunos casos se nos negó el ingreso porque el personal estaba en almuerzo, o se nos exigía agendar una cita, y lo más grave: fue el personal de seguridad quien decidía si podíamos ser atendidas”, denunció una de las edilesas.

Este contraste se hizo aún más evidente cuando, tras identificarse como funcionarias electas, el trato cambió significativamente. Esto deja al descubierto un trato diferenciado y discriminatorio que afecta directamente a las mujeres que acuden por ayuda.

Además, se resaltó la desproporción entre la cantidad de habitantes de Suba —la localidad más poblada de Bogotá— y la limitada infraestructura institucional: solo existen cuatro Comisarías de Familia, cuando deberían funcionar al menos 13 para atender la demanda.

Acciones en el papel, pero poca efectividad en el territorio

Durante la jornada de control político liderada por la Bancada de Mujeres de la Junta Administradora Local (JAL) de Suba este 23 de julio, varios ediles coincidieron en señalar las profundas falencias del sistema institucional encargado de atender a mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Entre los diagnósticos destacamos los expresados ante micrófonos de Valaguela Radio del edil John Jaime Jiménez Zapata y la edilesa Claudia Ríos, quienes entregaron un balance basado en observaciones de campo y en el contraste entre la norma y la práctica.

Jiménez Zapata calificó como crítica la situación actual: “Hay una capacidad instalada, muchas entidades involucradas, pero ninguna coordinación efectiva. La atención a las víctimas se diluye en un ‘pimponeo’ institucional, lo que genera revictimización. Todo funciona bien en el papel, pero la realidad demuestra lo contrario”, expresó.

El edil advirtió que el problema no radica en la falta de instituciones, sino en su falta de articulación y respuesta real: “Hay mucha acción pero poca efectividad. Necesitamos que un solo profesional acompañe a la víctima durante todo el proceso. No más vigilantes decidiendo si una mujer puede ser atendida”, puntualizó, haciendo referencia a los filtros irregulares detectados en las Comisarías de Familia.

Desde una perspectiva complementaria, la edilesa Claudia Ríos abordó los mismos hallazgos, subrayando la desconexión entre las estrategias distritales y su implementación local. “Nos dimos cuenta de que no hay horarios continuos, que muchas mujeres no saben cómo acceder a los servicios, y que las estrategias existentes no están aterrizadas al territorio.”, afirmó.

Ríos explicó que, como resultado de este diagnóstico, se instalarán mesas técnicas de trabajo, en las que se abordarán temas estructurales como la mejora de infraestructura, la distribución del personal y el fortalecimiento de las capacidades humanas.

“Citamos a las entidades para mostrarles lo que encontramos. Nos enfrentamos a fallas como la falta de información clara para las mujeres, ausencia de horarios continuos en dos de las comisarías y personal insuficiente o mal distribuido. Hay estrategias desde el nivel distrital, sí, pero no se aterrizan en el territorio y mucho menos llegan a quienes más las necesitan. Estas mesas deben convertirse en instrumentos de seguimiento y transformación real, no en espacios de promesas. Esa es la tarea inmediata”, afirmó.

Ambos ediles coincidieron en que esta jornada marca un punto de partida hacia un nuevo modelo de intervención más integral y efectivo. El mensaje es claro: la JAL de Suba seguirá vigilante, exigiendo articulación, respeto por los derechos de las víctimas y atención con enfoque diferencial y humano.

Durante la sesión en la Junta Administradora Local, la Bancada de Mujeres celebró la adhesión de la edilesa Diana Castillo, del Partido Liberal, quien se sumó a este esfuerzo colectivo, fortaleciendo el compromiso por avanzar en políticas efectivas de protección y equidad de género.

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