Por un país sin mártires, Colombia no puede acostumbrarse a los magnicidios

Se confirmó durante la madrugada de este lunes, la noticia que nadie quería recibir: Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, falleció tras 65 días en estado crítico, luego de haber sido víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

El ataque, perpetrado por un menor de apenas 14 años, conmocionó al país entero no solo por la figura de la víctima, sino por las circunstancias que rodearon el hecho. Hoy Colombia llora la pérdida de un joven político, pero también revive viejas heridas que parecen nunca cerrar.

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No se trata de un episodio aislado. La historia nacional está escrita —en demasiadas ocasiones— con sangre de líderes políticos asesinados: Jorge Eliécer Gaitán (1948), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (1990), Carlos Pizarro (1990), Álvaro Gómez Hurtado (1995). Cada uno de estos nombres representa no solo una pérdida humana irreparable, sino una oportunidad truncada para el país. La violencia política ha sido sistemática, y en muchos casos, con claros indicios de participación o complicidad de actores del Estado, partidos políticos y hasta círculos cercanos de las víctimas.

El caso de Uribe Turbay reabre este doloroso capítulo. Su muerte debe ser entendida no como una cifra más en las estadísticas de violencia, sino como un campanazo de alerta para un país que necesita, con urgencia, reconciliarse con la vida democrática. Las pasiones políticas desbordadas, el discurso de odio y la polarización han creado un caldo de cultivo donde la eliminación del adversario pareciera, para algunos, una salida legítima. No lo es. Nunca lo será.

Resulta paradójico —y no por eso menos trágico— que el mismo día del atentado, el senador Uribe se pronunciara a favor de la legalización del porte de armas. Más allá del debate político, el hecho invita a una reflexión profunda: ¿es viable fomentar el acceso a las armas en una sociedad donde la violencia ha sido estructural, donde los niños se convierten en sicarios y donde la vida pública está permanentemente en riesgo?

El asesinato de líderes políticos no solo desangra la democracia, sino que nos arrebata la posibilidad de disentir con ideas. La pluralidad política no debe pagarse con la vida. Y aunque hoy se escuche que María Angélica Guerra asumiría su curul en el Senado, asunto que deberá confirmar el Consejo Nacional Electoral, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cómo garantizar que la participación política no sea una sentencia de muerte?

Colombia necesita una pausa. Un alto en el camino. Un espacio para reflexionar sin prejuicios ni agendas ocultas. No podemos seguir reaccionando con odio, con especulaciones, ni con sed de venganza. La justicia debe operar con rigor, pero también con serenidad. La violencia no se combate con más violencia, ni la muerte de un político debe ser instrumentalizada como arma electoral.

Hoy, el país debe hacer un duelo real y profundo. Pero también debe asumir un compromiso colectivo con la vida, con la paz, con la política limpia. Que la muerte de Miguel Uribe Turbay no sea un nuevo punto final, sino el inicio de una conversación sincera sobre cómo reconciliarnos con nosotros mismos.

Concluyó con este mensaje de Jesús Abad Colorado, colega y fotógrafo, un ser a quien admiró pues a través de su labor de retratar la crudeza de nuestro sociedad nos invita a reflexionar. «¡Ay país! Cuánto dueles aquí dentro. Solidaridad con @mariac_tarazona, con sus hijos, con toda la familia del senador @MiguelUribeT @MCarolinaHoyosT. Una democracia no puede construirse con odio o balas. Queremos vivir en paz».

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