Reforma de la polícia: Defensores consideran debe darse ante las denuncias por violación de Derechos Humanos
La iniciativa retoma fuerza tras las denuncias y casos de abuso policial cometidos por agentes en el marco del paro nacional. Un caso lamentable en cuestión involucra el testimonio de una menor quien antes de suicidarse indicó haber sido abusada por cuatro agentes del ESMAD.
La alerta se activa de nuevo ante las denuncias de violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las jornadas de protesta que avanzan en el territorio nacional.
Esta iniciativa de reforma de la polícia ha sido planteado en diversos momentos por organizaciones defensoras , donde se solicita que la fuerza de 140.000 integrantes pase del Departamento de Defensa al Ministerio del Interior, con un enfoque institucional de priorizar la formación en derechos humanos, limitar el armamento y juzgar a los agentes que cometen delitos en tribunales ordinarios en lugar de cortes militares.
Esta solicitud de reforma a la polícia toma impulso en medio del complejo panorama de protestas que se registran en Colombia, donde se expone de forma grave y sistemática la violencia, abuso y brutalidad policial. Un caso reciente en proceso de investigación fue denunciado por Allison Salazar Miranda, joven de 17 años, quien afirmó «Me manosearon hasta el alma», un testimonio que fue difundido en sus redes sociales antes de suicidarse. Según versiones la joven fue sometida a abusos por parte de cuatro agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, dentro de Unidad de Reacción Inmediata en la ciudad de Popayán.
Tras dicha denuncia y su fatal descenlace, la Fiscalia General de la Nación anunció la conformación de un grupo especializado para esclarecer los hechos entorno a este caso por presunta agresión sexual y su posterior muerte.
«Para tal fin conformó un equipo especial, liderado por la fiscal cordinadora del Grupo de Género, experta en temas de violencia de género con enfoque en niñas, niños y adolecentes, así como en derechos humanos y derecho internacional humanitario, de la ciudad de Bogotá. Este grupo cuenta con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences que adelantan los actos urgentes», afirma el comunicado.
Frente a la grave situación de violencia que vive Colombia, varios colectivos y organizaciones han solicita acompañamiento y veeduría internacional para garantizar el derecho humano y fundamental a la protesta social pacífica y manifiesta frente a las actuaciones de la fuerza pública y la postura del gobierno entorno a la crisis.
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