Pago del Soat una promesa sobre ruedas, pero con frenos legales
La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en plena carrera hacia la Elecciones presidenciales de Colombia de 2026 presentó una propuesta concreta para el amplio y heterogéneo gremio de motociclistas. La respuesta llegó rápido, pero no necesariamente sólida.
La propuesta de Valencia —que el Estado asuma el pago del SOAT para motocicletas de hasta 250 cc— tiene un evidente atractivo político: apela a millones de ciudadanos que ven en la moto no solo un medio de transporte, sino una herramienta de subsistencia. Sin embargo, cuando se examina bajo la lupa jurídica y fiscal, la iniciativa presenta más interrogantes que certezas.
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Primero, el SOAT no es un impuesto cualquiera que pueda eliminarse por simple voluntad política. Se trata de un mecanismo de aseguramiento obligatorio con destinación específica, regulado por normas de rango legal y con impacto directo en la sostenibilidad del sistema de salud y en la cobertura de víctimas de accidentes de tránsito. Su financiación no es un capricho: responde a principios de solidaridad y riesgo compartido. Pretender que el Estado “asuma” ese costo implica, en términos reales, trasladar la carga a todos los contribuyentes.
Aquí surge la primera gran pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos? En Colombia, cualquier iniciativa que implique gasto público debe cumplir con el principio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución. No basta con anunciar el beneficio; es indispensable presentar una fuente clara de financiación, algo que la propuesta, al menos en su formulación pública, no contempla.
Segundo, existe un problema de equidad. ¿Por qué subsidiar exclusivamente a motocicletas de hasta 250 cc? Si bien este segmento concentra una gran parte de los usuarios —muchos de ellos de ingresos medios y bajos—, la medida podría generar distorsiones en el mercado, incentivar la compra de cierto tipo de vehículos por razones no técnicas y abrir la puerta a debates sobre trato desigual frente a otros actores viales.
Tercero, desde el punto de vista legislativo, la propuesta no es de ejecución inmediata. Requeriría una reforma legal aprobada por el Congreso, acompañada de estudios técnicos actuariales que garanticen que el sistema no colapse. Incluso podría implicar ajustes regulatorios complejos en el sector asegurador, que no se resuelven en una plaza pública ni en un video de campaña.
Justo hace más de diez días, el concejal Julián Forero más conocido como Fuchi, lanzó un reto público a los aspirantes presidenciales para que presentaran propuestas concretas en favor de los más de 14 millones de motociclistas que hay en Colombia.
En sus redes sociales el propio concejal destacó que Valencia fue la primera en responder a su petición; sin embargo, la reacción en su espacio en Facebook ha sido mayoritariamente crítica: varios de sus seguidores no solo cuestionan la propuesta de la candidata, sino que también ponen en duda el liderazgo de Forero como vocero del sector que afirma representar.
El eco virtual refleja esa desconexión entre el anuncio y su viabilidad: más críticas que aplausos. Y no es para menos. El gremio motociclista, lejos de ser un actor político ingenuo, ha demostrado tener claridad sobre problemas estructurales como la siniestralidad, los costos de aseguramiento y la informalidad. Promesas sin sustento técnico difícilmente pasarán el filtro de quienes viven la realidad del sector día a día.
En política, responder rápido puede ser una ventaja. Pero responder bien es una obligación. La propuesta de Valencia, aunque seductora en lo inmediato, parece más diseñada para el aplauso coyuntural que para una implementación seria y responsable.
Porque gobernar —a diferencia de hacer campaña— no es simplemente acelerar. También implica saber frenar.
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