Estos son los señalamientos contra la congresista Martha Peralta por caso UNGRD

La senadora del Pacto Histórico enfrenta una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La Corte Suprema analiza testimonios, chats, documentos y contratos que la vincularían con uno de los capítulos más delicados del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa escalando y ya alcanza a varios altos funcionarios y congresistas del país. Una de las figuras que hoy se encuentra bajo la lupa de la justicia es la senadora Martha Peralta Epiayú, integrante del Pacto Histórico, quien permanece detenida en su residencia por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La medida fue adoptada con el propósito de garantizar su comparecencia dentro del proceso judicial que busca establecer si la congresista participó en un supuesto esquema de utilización de contratos, cargos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.

La diligencia de indagatoria, que se adelanta ante la Corte Suprema, había sido aplazada en dos oportunidades por solicitud de la defensa de la parlamentaria. Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana, encargada del caso, ordenó inicialmente que la senadora fuera conducida por la Policía Judicial para asegurar su presencia en el proceso.

El supuesto plan para asegurar votos en el Congreso

De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta el momento, uno de los ejes centrales del expediente apunta a una presunta estrategia diseñada para fortalecer las mayorías legislativas necesarias para aprobar proyectos impulsados por el Gobierno Nacional, particularmente la reforma pensional.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría instruido al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, para que utilizara la capacidad contractual de la entidad como mecanismo de acercamiento con congresistas que podían resultar decisivos en las votaciones legislativas.

La investigación sostiene que contratos, proyectos regionales y recursos públicos habrían sido utilizados para ganar respaldo político dentro de la Comisión Séptima del Senado, una de las corporaciones clave para el trámite de la reforma pensional.

En este escenario, Martha Peralta aparece señalada como una presunta articuladora política del esquema.

Los investigadores sostienen que el 13 de junio de 2023 se habría realizado un encuentro entre Olmedo López y la congresista, en el que se discutió la posibilidad de gestionar proyectos desde la UNGRD para beneficiar a integrantes de la Comisión Séptima.

Dentro de las declaraciones conocidas se menciona específicamente a la entonces senadora Berenice Bedoya como una de las personas que habría sido incluida dentro de las conversaciones sobre posibles beneficios regionales.

La presunta división de funciones dentro de la estrategia

Según los testimonios recopilados por la Fiscalía y la Corte Suprema, existiría una especie de división del trabajo entre quienes participaban en la operación política.

De acuerdo con esta hipótesis, Martha Peralta habría sido la encargada de identificar a congresistas de la coalición de gobierno que se encontraban inconformes por la limitada participación que tenían dentro de la administración nacional.

Posteriormente, esos parlamentarios serían atendidos mediante proyectos, contratos o inversiones canalizadas a través de la UNGRD.

Los investigadores consideran que esta dinámica habría servido para «aceitar» el trámite de las reformas impulsadas por el Ejecutivo, garantizando apoyos legislativos a cambio de beneficios regionales o burocráticos.

La Corte busca establecer si efectivamente existió una relación entre la asignación de recursos públicos y la obtención de respaldos políticos en el Congreso.

Los contratos bajo la lupa

Uno de los principales focos de la investigación está relacionado con un contrato cercano a los 2.170 millones de pesos destinado a maquinaria amarilla y volquetas para el distrito de Riohacha, en La Guajira.

Las autoridades judiciales intentan determinar si la senadora intervino de manera indebida para favorecer ese proceso contractual o para influir en las decisiones adoptadas por la UNGRD respecto a esos recursos.

Adicionalmente, la congresista también es señalada de haber gestionado contratos relacionados con maquinaria amarilla y la construcción de jagüeyes en La Guajira.

Los jagüeyes son reservorios artificiales utilizados para almacenar agua en zonas afectadas por la sequía, por lo que este tipo de proyectos tienen una gran importancia social y económica en la región.

Según la investigación, dichos contratos habrían tenido además un componente político, pues presuntamente servirían para fortalecer candidaturas cercanas a su movimiento político en distintos municipios del departamento.

El documento de más de $558.000 millones

Otro de los elementos que examina la Corte Suprema es un documento denominado «Inversiones en La Guajira», presuntamente remitido por la senadora a Olmedo López.

De acuerdo con los soportes incorporados al expediente, el documento contenía un paquete de 12 proyectos cuyo valor conjunto alcanzaría los 558.026 millones de pesos.

La documentación también incluiría una presentación de diez páginas, referencias a radicados oficiales, información técnica de proyectos y un listado de 23 personas relacionadas con perfiles profesionales y contactos.

Los investigadores buscan establecer si esos proyectos hacían parte de una gestión legítima de necesidades regionales o si, por el contrario, se encontraban vinculados a una estrategia de direccionamiento de recursos públicos.

Chats, hojas de vida y documentos entregados por Olmedo López

Una parte importante de la investigación está sustentada en el material entregado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y hoy colaborador de la justicia.

Durante un interrogatorio realizado el 15 de julio de 2024 ante la Fiscalía, López entregó chats, cuadros de proyectos, hojas de vida y diversos soportes documentales que hoy forman parte del expediente.

Entre las pruebas aparecen conversaciones de WhatsApp sostenidas entre Martha Peralta y Olmedo López entre el 13 y el 23 de junio de 2023.

Según se conoció, la Fiscalía delegada ante la Corte recibió un informe técnico de extracción digital junto con seis folios impresos que contienen parte de esos intercambios de mensajes.

Los investigadores analizan si dichas conversaciones evidencian gestiones relacionadas con contratos, proyectos o nombramientos dentro de la entidad.

Las presuntas recomendaciones de personal

Dentro del expediente también figura la presunta recomendación de funcionarios y contratistas para trabajar en la UNGRD.

Según la versión entregada por Olmedo López, la congresista habría solicitado la vinculación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS).

Asimismo, habría promovido la contratación de personas consideradas estratégicas para su estructura política en el municipio de Maicao.

Entre los nombres mencionados aparece Carmen Domitila Iguarán Suárez.

De acuerdo con la investigación, el 16 de agosto de 2023 Martha Peralta habría remitido la hoja de vida de Iguarán a la entidad.

No obstante, la exfuncionaria ha rechazado cualquier relación con las irregularidades investigadas y ha manifestado públicamente que nunca tuvo poder de decisión dentro de la UNGRD.

«No tuve ni tengo poder decisorio en la UNGRD ni en ninguno de sus proyectos; solo fui una funcionaria de nivel medio», aseguró en declaraciones entregadas a medios de comunicación.

Presuntas reuniones con contratistas

Las declaraciones de Olmedo López y del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, también mencionan supuestas reuniones entre la senadora y personas vinculadas a la empresa Inversiones IRL S.A.S.

Según los testimonios conocidos por los investigadores, esos encuentros habrían estado relacionados con la gestión de negocios jurídicos y contratos asociados a proyectos desarrollados por la Unidad de Gestión del Riesgo.

La Corte Suprema busca establecer si existió algún tipo de intervención política en dichos procesos o si las reuniones respondían a actividades propias de la gestión pública.

Investigación por tráfico de influencias y cohecho impropio

Con base en los elementos recopilados hasta el momento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema investiga a Martha Peralta Epiayú por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Las autoridades judiciales intentan determinar si la congresista utilizó su posición para influir en decisiones administrativas relacionadas con contratos, nombramientos y asignación de recursos públicos.

Asimismo, se investiga si hizo parte de un supuesto esquema de «cupos indicativos», mediante el cual congresistas habrían gestionado recursos estatales para sus regiones a cambio de respaldar iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno Nacional.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Corte Suprema continúa evaluando testimonios, documentos, conversaciones y demás elementos probatorios para determinar la eventual responsabilidad de la congresista dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta actualmente la administración pública colombiana.

Hasta el momento, Martha Peralta Epiayú no ha sido condenada y conserva la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.