Colombia decide mucho más que un presidente
Los colombianos no solo elegirán un presidente el próximo 21 de junio. Elegirán entre dos formas radicalmente distintas de entender el Estado, la seguridad y la democracia en los territorios donde aún hoy la violencia sigue definiendo quién puede participar en política y quién no.
Mientras avanza la campaña presidencial, el asesinato de líderes sociales continúa siendo una de las tragedias más persistentes de Colombia. La discusión no ocurre en el vacío. Detrás de cada líder asesinado desaparecen procesos comunitarios, organizaciones campesinas, defensores ambientales, reclamantes de tierras, dirigentes indígenas y sindicalistas que durante años construyeron tejido social en regiones donde el Estado casi siempre llegó tarde o nunca llegó.
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La pregunta que deberán responder los ciudadanos en las urnas es sencilla pero trascendental: ¿qué tipo de Estado necesita Colombia para enfrentar esa realidad?
Abelardo de la Espriella propone una respuesta basada en el fortalecimiento de la autoridad y el control territorial mediante una estrategia de seguridad dura. Su proyecto plantea mega cárceles, el fortalecimiento del aparato militar, el impulso a actividades extractivas como el fracking, la reducción del Estado social y el cierre definitivo de los procesos de negociación con grupos armados ilegales.
Su apuesta es clara: llevar a los territorios un Estado fundamentalmente militar. Para muchos ciudadanos cansados de la inseguridad y del fracaso de múltiples negociaciones, esta propuesta puede resultar atractiva porque transmite orden, firmeza y capacidad de respuesta inmediata frente al crimen. Sin embargo, también plantea interrogantes de fondo. Colombia lleva décadas enfrentando a bala a los grupos armados ilegales y, aunque ha obtenido victorias importantes, la violencia no ha desaparecido. Por el contrario, se ha transformado, se ha fragmentado y ha encontrado nuevas formas de sobrevivir.
La experiencia demuestra que un retén militar puede controlar temporalmente una carretera, pero difícilmente resuelve las condiciones que permiten el surgimiento de nuevas violencias. Al líder social no lo protege únicamente un fusil; lo protege un Estado que formaliza su tierra, sustituye economías ilegales, garantiza educación, salud, justicia y acompaña los procesos comunitarios que construyen legitimidad en los territorios. Precisamente esas son algunas de las capacidades estatales que la propuesta de reducción del Estado social pone en discusión.
En el otro extremo aparece Iván Cepeda, cuya eventual presidencia representaría la continuidad de una visión centrada en la presencia estatal integral y en la negociación como herramienta para disminuir la violencia. Su principal desafío sería recalibrar el rumbo de la llamada «Paz Total», una estrategia que llega a esta elección con evidentes desgastes, resultados desiguales y crecientes cuestionamientos ciudadanos.
Pero incluso reconociendo esas limitaciones, la dirección que propone Cepeda es distinta. Su apuesta no consiste en clausurar los procesos de diálogo sino en corregirlos y fortalecerlos; no en reducir la presencia social del Estado sino en ampliarla; no en reemplazar la intervención institucional por una lógica exclusivamente militar sino en combinar seguridad con inversión social y construcción de capacidades locales.
La diferencia entre ambos proyectos va mucho más allá de un debate ideológico. Uno plantea qué partes del Estado deben reducirse y cuáles deben fortalecerse, privilegiando la capacidad coercitiva sobre la capacidad social. El otro propone cómo hacer que el Estado llegue mejor a los territorios históricamente abandonados.
Y esa no es una diferencia menor. En regiones donde continúan asesinando líderes sociales, donde las amenazas condicionan la participación política y donde los grupos armados siguen disputándose el control de comunidades enteras, las decisiones sobre la naturaleza de la presencia estatal tienen consecuencias concretas.
Por eso esta elección no enfrenta simplemente a dos candidatos. Enfrenta dos diagnósticos sobre las causas de la violencia y dos recetas distintas para resolverla. Una confía en que la seguridad será la condición que permita reconstruir el país. La otra sostiene que sin transformación social y presencia integral del Estado la seguridad será siempre temporal.
Los colombianos tendrán la última palabra. Pero vale la pena entender que lo que está en juego no es solamente quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Lo que se definirá es qué tipo de Estado llegará a los territorios donde la democracia sigue siendo una promesa incompleta.
Y en aquellos lugares donde asesinan a un líder social cada 48 horas, esa diferencia no se mide en discursos ni en encuestas. Se mide, literalmente, en vidas.
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