Avanza mesa técnica para evitar desalojo de 100 familias en Bosa
Tras la suspensión provisional a la orden de desalojo contra un centenar de familias del barrio Remanso I, se avanzó en una reunión que contó con el acompañamiento de la Personería de Bogotá, voceros de la comunidad y con el concejal José Cuesta Novoa, quien impulsa la creación de una mesa técnica interinstitucional para buscar una solución de fondo al conflicto.
“Presentamos, de manera conjunta con la comunidad del barrio Remanso I de Bosa, la propuesta de creación de una mesa técnica con participación del alcalde Carlos Fernando Galán, con el objetivo de avanzar en la titularización del barrio y garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias”, afirmó el cabildante.
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Según explicó Cuesta, la iniciativa busca evitar que continúe la incertidumbre que afecta a familias que, asegura, adquirieron sus viviendas de buena fe y hoy enfrentan un proceso derivado de presuntas actuaciones de redes de “tierreros”.
Durante el encuentro se conocieron además dos hechos considerados clave para destrabar la situación jurídica del predio.
El primero tiene que ver con el valor real de los terrenos reclamados por Sotrandes. De acuerdo con el concejal, el avalúo catastral no corresponde a los 8 mil millones de pesos que inicialmente se habían mencionado públicamente.
“El valor catastral real de los predios es de aproximadamente 2.571 millones de pesos, lo que cambia completamente el escenario de discusión y abre posibilidades reales para una solución institucional”, señaló.
El segundo aspecto relevante fue el respaldo del Ministerio de Vivienda a la conformación de la mesa técnica. Según Cuesta, la ministra de Vivienda aceptó participar en este espacio y acompañar el proceso de diálogo.
“La ministra de Vivienda ya aceptó participar en esta instancia. Es una señal muy importante porque demuestra que el Gobierno Nacional reconoce la necesidad de buscar soluciones integrales que garanticen la permanencia de las familias en el territorio”, indicó.
La propuesta contempla la participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, la Personería de Bogotá, el Ministerio de Vivienda y delegados de la comunidad.
Aunque la suspensión temporal del desalojo fue recibida como un alivio por las familias del sector, el proceso judicial continúa vigente, por lo que la comunidad insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo definitivo en las próximas semanas.
“No podemos permitir que cerca de 100 familias que compraron de buena fe sean expulsadas de sus viviendas. Aquí debe prevalecer el derecho a la vivienda, la justicia social y una solución concertada para la comunidad”, concluyó Cuesta.
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