Cheque en blanco al fútbol, pero sin garantías para el deporte en Bogotá
El debate abierto en el Concejo de Bogotá deja más preguntas que certezas. Es claro que la capital respira fútbol, pero también late al ritmo de muchas otras disciplinas.
El Proyecto de Acuerdo No. 304 de 2026 propone incentivos tributarios para atraer eventos de fútbol profesional, una idea que en principio seduce: más espectáculo, más turismo, más visibilidad internacional. Pero cuando se levanta la emoción inicial, aparece la pregunta incómoda: ¿a qué costo y bajo qué reglas?
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La voz del concejal Leandro Castellanos se escuchó en el debate de la Comisión de Hacienda. Su pasado como futbolista le da legitimidad para hablar desde el afecto por el deporte, pero también desde la experiencia. Y justamente por eso su postura resulta más interesante: no se opone, pero tampoco firma un cheque en blanco.
El problema de fondo no es el fútbol. Nunca lo ha sido. El fútbol, como fenómeno cultural y económico, tiene la capacidad de movilizar multitudes y generar ingresos importantes. Sin embargo, convertirlo en el único destinatario de beneficios fiscales durante una década plantea un riesgo evidente: profundizar la desigualdad estructural entre disciplinas que ya compiten en condiciones desiguales.
Porque mientras el balón rueda con patrocinadores, derechos de televisión y taquillas robustas, otros deportes sobreviven con presupuestos mínimos y esfuerzos individuales. ¿Tiene sentido entonces que el Estado —en este caso el Distrito— renuncie a ingresos tributarios para fortalecer precisamente al sector que menos lo necesita?
Castellanos pone el dedo en la llaga al exigir respuestas concretas. No es un capricho burocrático, es una obligación básica de la gestión pública. ¿Cuál será el retorno real para la ciudad? ¿Cómo se compensará lo que se deje de recaudar? ¿Qué compromisos adquirirá la Federación Colombiana de Fútbol? Y, quizás lo más importante, ¿existe un plan serio de eventos que justifique una exención a diez años?
Sin estas respuestas, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía, o peor aún, en un precedente peligroso donde los beneficios se otorgan sin condiciones claras ni mecanismos de control.
El deporte, entendido como política pública, no puede construirse desde la excepción sino desde la equidad. Bogotá no necesita elegir entre fútbol y otras disciplinas; necesita una visión integral que entienda que el desarrollo deportivo va más allá de un solo espectáculo. El atletismo, el ciclismo, la natación o el levantamiento de pesas no llenan estadios cada fin de semana, pero sí llenan de medallas y orgullo al país.
La columna vertebral de cualquier incentivo debe ser la transparencia. Si el Distrito decide apostarles a los beneficios tributarios, debe hacerlo con reglas claras, indicadores medibles y un sistema de seguimiento riguroso. De lo contrario, la discusión dejará de ser técnica y pasará a ser política, con todas las suspicacias que eso implica.
En tiempos donde cada peso cuenta, renunciar a ingresos fiscales es una decisión que exige rigor, no entusiasmo. Bogotá tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. De demostrar que se puede impulsar el deporte sin privilegios selectivos, sin improvisación y sin opacidad. Porque si el objetivo es fortalecer el ecosistema deportivo, la cancha debe ser pareja para todos.
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