El futuro económico de Colombia se juega en las urnas

Economía en disputa: dos modelos opuestos para Colombia en la carrera presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, ponemos a consideración las propuestas económicas impulsadas en los planes de gobierno de ambos candidatos. Aunque los dos coinciden en que Colombia necesita una transformación profunda, las rutas que proponen para lograrla parecen ubicarse en extremos distintos del espectro político y económico.

Mientras De la Espriella apuesta por un modelo de libre mercado con un Estado reducido y mayor protagonismo del sector privado, Cepeda plantea una intervención estatal más fuerte para redistribuir la riqueza, impulsar el campo y combatir la desigualdad. Dos visiones que reflejan proyectos de país profundamente diferentes.

De la Espriella: menos Estado, menos impuestos y crecimiento acelerado

El programa económico de Abelardo de la Espriella se resume en una idea central: liberar las fuerzas del mercado para impulsar el crecimiento. Bajo el lema de pasar de “administrar escasez a desatar abundancia”, el abogado propone una drástica reducción del tamaño del Estado, menos impuestos, menos trámites y una amplia desregulación económica.

Su meta es ambiciosa: alcanzar un crecimiento económico anual del 7 %, una cifra que, según ha dicho, permitiría a Colombia acercarse a modelos de desarrollo como el de Corea del Sur.

Entre sus principales propuestas económicas se destacan:

• Reducir en un 40 % el tamaño del aparato estatal.
• Generar ahorros estimados entre 25 y 30 billones de pesos anuales.
• Eliminar cerca de 700.000 cargos públicos.
• Pasar de 19 a 10 ministerios mediante fusiones institucionales.
• Declarar una emergencia económica al inicio de su mandato para acelerar reformas.
• Reactivar el sector de hidrocarburos, incluyendo el fracking bajo criterios de responsabilidad ambiental.
• Modernizar la Dian con inteligencia artificial para combatir la evasión fiscal.
• Crear líneas de crédito para vivienda al 2 % de interés y plazos de hasta 30 años.
• Desarrollar una gran plataforma agroindustrial en la Altillanura.

El candidato también plantea despolitizar la discusión sobre el salario mínimo y otorgar un papel técnico más relevante al Banco de la República en ese proceso.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre la viabilidad de estas propuestas no son menores. Su programa contempla ajustes cercanos a los 70 billones de pesos mientras promete simultáneamente reducir impuestos, subsidiar créditos y aumentar inversiones en sectores estratégicos.

Buena parte de la ecuación depende de que el crecimiento económico alcance el 7 % anual y de que la lucha contra la evasión tributaria genere recursos significativamente superiores a los actuales. Dos supuestos que, según diversos analistas, representan escenarios optimistas y difíciles de garantizar.

Además, varias de las reformas requerirían el respaldo del Congreso. Reducir ministerios, fusionar entidades o desmontar cientos de miles de empleos públicos son decisiones que difícilmente podrían ejecutarse únicamente mediante decretos presidenciales.

El programa también deja interrogantes sobre la implementación. Aunque plantea objetivos ambiciosos, carece de cronogramas detallados, indicadores de cumplimiento y mecanismos concretos para ejecutar muchas de las transformaciones anunciadas.

Cepeda: tierra, inversión social y un Estado más activo en la economía

En el otro extremo del debate aparece Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien propone una “revolución económica y social” como uno de los tres pilares de su programa de gobierno denominado El poder de la verdad.

Su apuesta económica gira alrededor del fortalecimiento del campo, la redistribución de oportunidades y la reducción de las brechas sociales que, según su diagnóstico, han frenado el desarrollo del país durante décadas.

La propuesta central es una revolución agraria orientada a convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria mundial.

Entre las principales medidas planteadas se encuentran:

• Redistribución y formalización masiva de tierras.
• Construcción de 30.000 kilómetros de vías terciarias mediante el programa “Vías para la Paz”.
• Creación de una Alianza Público-Popular para que organizaciones comunitarias y juntas de acción comunal ejecuten obras públicas.
• Protección del denominado “salario vital”.
• Creación del Banco del Pueblo para ampliar el acceso al crédito y combatir la pobreza monetaria.
• Ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios.
• Garantía universal de acceso al agua potable como derecho fundamental.

Cepeda sostiene que la transformación económica debe comenzar en los territorios rurales, donde persisten altos niveles de pobreza, informalidad y concentración de la tierra.

Su programa también contempla fortalecer la educación pública gratuita, ampliar la presencia universitaria en regiones históricamente excluidas y reforzar las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado.

No obstante, los desafíos financieros de esta propuesta también son significativos. La construcción de infraestructura rural, la ampliación de programas sociales y la creación de nuevas instituciones requerirían elevados niveles de inversión pública y una sólida capacidad de gestión estatal.

Los críticos del modelo advierten sobre los riesgos de aumentar el gasto público sin una fuente clara y sostenible de financiación. A esto se suma la necesidad de ejecutar proyectos de gran escala en territorios donde históricamente el Estado ha tenido dificultades para materializar sus inversiones.

Dos modelos económicos, una decisión de país

Más allá de los nombres y las ideologías, la elección presidencial del 21 de junio también representa una decisión sobre el modelo económico que seguirá Colombia durante los próximos cuatro años.

De la Espriella apuesta por una economía de mercado más abierta, con menos intervención estatal y mayores incentivos para la inversión privada. Cepeda propone un Estado más activo, con énfasis en la redistribución, el desarrollo rural y la ampliación de derechos sociales.

La pregunta que deberán responder los votantes no es solamente quién ocupará la Casa de Nariño, sino qué camino consideran más viable para enfrentar los desafíos económicos de un país que sigue buscando crecimiento, empleo, reducción de la pobreza y estabilidad fiscal.

La discusión apenas comienza y, seguramente, la economía será uno de los temas que definirá el rumbo de la campaña en los días que restan antes de las urnas.