Gobierno autoriza emisión histórica de TES y aplica recorte presupuestal ante estrechez fiscal
En medio de una estrecha situación fiscal, el Gobierno nacional optó por endeudarse para obtener liquidez inmediata, autorizando la venta de nuevos Títulos de Tesorería (TES) en el mercado financiero. Lejos de tratarse de una inversión o de recursos que el Estado ponga a generar intereses, la medida implica que el Gobierno recibe dinero hoy y asume la obligación de devolverlo en el futuro, pagando intereses a los inversionistas que adquieran estos bonos, con el fin de financiar el Presupuesto General de la Nación y cumplir compromisos urgentes de gasto.
El Gobierno de Colombia adoptó dos decisiones de alto impacto para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas: la autorización de una emisión histórica de Títulos de Tesorería (TES) por hasta 152 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, y un recorte extraordinario de 16,2 billones de pesos al presupuesto vigente de 2025.
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La emisión de TES quedó formalizada mediante el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025 y busca garantizar liquidez estatal frente a las crecientes necesidades de gasto en un contexto de recaudo insuficiente y restricciones fiscales. Estos títulos, que constituyen deuda pública, son instrumentos a través de los cuales el Estado obtiene recursos de inversionistas, con plazos que pueden ir de uno a diez años, tasas fijas o variables y denominación en pesos, dólares o unidades de valor real (UVR).
Del total autorizado, 85,2 billones de pesos corresponden a TES Clase B, destinados a cubrir apropiaciones del presupuesto nacional, mientras que otros 67 billones se asignaron a operaciones temporales de tesorería, mecanismo clave para atender compromisos inmediatos y ajustar la liquidez en el corto plazo.
La decisión se produce en un escenario de marcada fragilidad fiscal. Según cifras recopiladas por El Tiempo, el nivel de caja del Gobierno cayó a 1,4 billones de pesos el pasado 5 de diciembre, el registro más bajo del que se tenga referencia, lo que encendió alertas sobre la limitada capacidad de respuesta del Estado ante eventuales choques externos. Aunque el recaudo tributario entre enero y octubre de 2025 mostró una recuperación parcial, con ingresos por 249,1 billones de pesos —25,6 billones más que en el mismo periodo de 2024—, el resultado se ubicó 7,9 billones por debajo de la meta fijada por la Dian.
En un intento adicional por fortalecer la caja, el Gobierno concretó a finales de diciembre la venta directa de TES por cerca de 6.000 millones de dólares, equivalentes a unos 23 billones de pesos, al gestor internacional de fondos Pimco. No obstante, analistas advierten que estas operaciones, aunque alivian la liquidez, incrementan el nivel de endeudamiento y presionan las finanzas públicas en el mediano plazo.
Paralelo a la estrategia de endeudamiento, el Ejecutivo oficializó un severo ajuste al gasto. Mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, se ordenó un recorte extraordinario de 16,2 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2025, tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso y con el objetivo de evitar el incumplimiento de la regla fiscal.
El recorte afecta sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación superior y programas sociales. Uno de los impactos más significativos se presenta en el sector educativo, donde el programa “Calidad y fomento de la educación superior” pierde más de 1,38 billones de pesos, comprometiendo el financiamiento de las universidades públicas. En salud, entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima deberán operar con presupuestos más limitados, lo que ha generado preocupación por su capacidad operativa.
Entre las entidades más golpeadas por el ajuste figuran la Superintendencia de Notariado y Registro, con una reducción de 210.000 millones de pesos; la Presidencia de la República, que enfrenta un recorte superior a los 122.000 millones, afectando recursos del Fondo Colombia en Paz; y organismos como el Invías y la Agencia Nacional de Tierras, que anticipan retrasos en proyectos de infraestructura y en la implementación de la reforma agraria.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la situación fiscal del país continúa siendo deficitaria, lo que obligará al Gobierno a mantener una política de mayor austeridad y a depender, en buena medida, del endeudamiento para cumplir con sus obligaciones. El panorama para 2026, advierten expertos, estará marcado por la tensión entre la necesidad de financiar el gasto público y la urgencia de preservar la estabilidad fiscal.
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