Muerte de menor en jardín del ICBF en Rafael Uribe Uribe destapa denuncias de presuntas irregularidades y clamor de madres por investigación urgente
La muerte de Mía Isabella, una niña de dos años que habría broncoaspirado mientras ingería un alimento en el jardín infantil Hogar Bambi, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha generado profunda conmoción en el sur de Bogotá y abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el funcionamiento de este centro ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
El hecho, ocurrido el lunes 19 de enero de 2026, provocó una protesta nocturna de padres y acudientes frente a las instalaciones del jardín, quienes exigen explicaciones claras, sanciones si hay lugar a ellas y garantías reales para la protección de los más de 20 menores que permanecen bajo su cuidado.
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Según relató Cristian Sánchez, padre de la menor, la familia fue informada de manera tardía sobre la situación. “La institución nos llamó para decirnos que nuestra hija estaba en el Hospital Chircales por un accidente. Cuando llegamos, ya la situación era irreversible”, afirmó en diálogo con Citytv. El padre denunció una presunta falta de reacción oportuna del personal del jardín: “No hubo primeros auxilios adecuados, pese a que hay enfermera y varias personas encargadas del cuidado de los niños”, quien también cuestionó la falta de vigilancia en un centro responsable de más de 20 niños. Asegura, además, que a los padres se les restringía tomar fotografías, acompañar citas médicas y hacer seguimiento real al estado de sus hijos. hechos que tambien han denunciado otros padres que intentan recuperar a sus hijos.
Por su parte, María Ortiz, madre de Mía, explicó que su hija se encontraba en el centro como parte de un proceso de restablecimiento de derechos, debido a dificultades de salud relacionadas con su peso. “No fue por negligencia nuestra. Siempre estuvimos pendientes de ella”, enfatizó, rechazando cualquier señalamiento contra su rol como madre.
Otras denuncias y un temor que crece entre las madres
Más allá de este trágico caso, valaguela.com ha conocido que otras madres han venido denunciando presuntas irregularidades en procesos de restablecimiento de derechos, especialmente tras el nacimiento de sus hijos. Según sus testimonios, en algunos casos los bebés habrían sido separados de sus madres mediante documentos que ellas califican como irregulares, con posteriores restricciones severas a las visitas y al contacto directo.
Una de estas denuncias corresponde a Sandra Pinilla, madre que asegura llevar más de un año y medio luchando por recuperar a su hijo Benjamín, quien actualmente también estaría bajo el cuidado del jardín Bambi, luego de haber pasado por un lugar conocido como La Casa de la Madre y el Niño, y quien también ha denunciado restricciones para acceder a su hijo.
“Yo he denunciado, he luchado y he tocado todas las puertas. Las madres estamos solas «ayudenmos». Solo quiero recuperar a mi bebé”, manifestó Pinilla, quien previamente habría solicitado la anulación del proceso administrativo que derivó en la separación, el restablecimiento de sus derechos como madre y el regreso inmediato de su hijo a su hogar y alerta sobre un posible trafico de menores.
De acuerdo con su relato, también pidió que se investigue a funcionarias defensoras de Familia del ICBF que, según ella, habrían actuado de manera indebida, vulnerando principios éticos y el deber de confidencialidad. Estas afirmaciones corresponden a denuncias en curso y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Un llamado urgente al Estado
Padres y madres coinciden en que este no puede ser tratado como un hecho aislado. Denuncian presuntos malos tratos, golpes inexplicables en menores, falta de transparencia y restricciones excesivas al seguimiento de los procesos. “Aquí hay cámaras, hay personal y hay responsabilidad institucional. Lo mínimo es que se investigue a fondo y se garabnticen los derechos de los padres”, expresó el padre de Mía.
Las familias piden una intervención inmediata, independiente y exhaustiva por parte de los entes de control, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para esclarecer no solo las circunstancias de la muerte de la menor, sino también las denuncias que hoy mantienen en vilo a varias madres que claman por verdad, justicia y el derecho a criar a sus hijos.
Mientras el ICBF no emita un pronunciamiento de fondo, el dolor, la incertidumbre y la sensación de abandono institucional continúan creciendo entre quienes depositaron su confianza en un sistema que, aseguran, debía protegerlos.
Las denuncias no solo apuntan a presuntas fallas administrativas, sino a un modelo de protección que, según las familias, estaría fallando gravemente, dejando a madres en indefensión y a niños expuestos a situaciones que hoy exigen explicaciones urgentes.
La pregunta que hoy resuena con fuerza es clara: ¿quién vigila realmente a quienes deben proteger a los niños?
Las familias exigen la intervención inmediata de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los organismos de control, no solo para esclarecer la muerte de Mía Isabella, sino para revisar de fondo los procesos de restablecimiento de derechos, las actuaciones del personal y el manejo de los centros infantiles adscritos al ICBF.
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