«Recursos de la seguridad social en cuidados intensivos»
El Gobierno nacional en ejercicio de las facultades del estado de emergencia económica, social y ecológica, ha tomado medidas Autónomas para afrontar la coyuntura de la emergencia sanitaria. Asimismo, ha generado una serie de acciones jurídico-Económicas y administrativas, con el fin de contrarrestar las incidencias negativas que se manifiestan sobre el aparato productivo empresarial y las familias Colombianas en general; como resultado del autodecretado paro económico, propiciado por la denominada cuarentena, el aislamiento obligatorio y el cierre aproximado del 70% de la actividad economica del país.
En consonancia con lo anterior, el legislador extraordinario ha tomado decisiones que contrarían la carta política en el artículo 215 superior, en buena parte del contenido de tres decretos legislativos originados con facultades del estado de emergencia económica; el 444, el 558, y el 492 de 2.020.
Del Decreto 444/20 se resalta que, el poder ejecutivo central en la práctica pasa de administrador a propietario de $ 14, 2 billones de los recursos del ahorro de las entidades territoriales en el Fonpet y el FAE respectivamente; con el objeto de ser dirigidos a impulsar y coadyuvar a las empresas, en la pronta recuperación de su actividad productiva.
Sin embargo, el sector financiero no ha estado a la altura de la escogencía que el legislador extraordinario hiciera de él como vehículo, para impulsar la recuperación económica del empresariado Colombiano; y de amplios segmentos de las familias del país.
Todo lo anterior, conlleva a que los recursos de la seguridad social se encuentren atravesando un fuerte riesgo, por la destinación distinta que se le dará a las rentas del Fonpet y del FAE, para cumplir con lo estipulado en el Decreto 444 de 2020.
De otra parte el Decreto 558 de 2020, lo que en la práctica se constituye es en una muy cara fuente de financiación de la liquidez para enfrentar la batalla contra el COVID-19; puesto que según se deduce del Decreto, se recibirán los saldos de 20.000 futuros pensionados del régimen individual de retiro programado, para que los asuma Colpensiones con cargo al déficit fiscal. Es decir, por la vía de tributos o endeudamiento público, en cabeza de los contribuyentes colombianos.
Ahora bien, bueno es registrar que, el gobierno no sólo en la práctica se apropia de recursos pensionales para financiar liquidez; sino que mediante el Decreto legislativo número 492 de 2020, se apropia de las reservas que los Colombianos tienen para sus Cesantías en cuantía de $ 100.000 millones, correspondientes a la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro.
En consonancia con lo precedente, la anterior descapitalización violenta de manera concluyente el artículo 48 de la Constitución política de Colombia; Pues hay una prohibición de manera expresa de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas.
Finalmente, es preciso complementar que el Decreto 492 de 2020, también lesiona la ley 432 de 1.998 que rige al Fondo Nacional del Ahorro y que advierte que los recursos, utilidades, y rendimientos del FNA no podrán destinarse para fines diferentes a su objeto y funciones.
Así las cosas, respetada autoridad extraordinaria en materia económica, ya es hora de centrarse y tomar decisiones ajustadas a Derecho; y a la búsqueda de soluciónes efectivas de las dimensiones reales de la crísis; Pues de suyo, lo llevarán como mínimo a pensar en un endeudamiento con el Banco de la República en el 2020 cercano a 7 puntos del PIB; y por contera también sacará al ejecutivo de este mar de equivocaciones jurídico-constitucionales, Hacendísticas y Contables;Que de hecho los estará conduciendo por senderos de sensatez y buen gobierno; convergentes con la línea filosófica y de acción de los países de la OCDE; a los que formalmente pertenecemos y nos encontramos vinculados desde Abril 28 de 2020.
Henry Amorocho Moreno
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