Grave denuncia ante venta de bases de datos para extorsionar en Bogotá
La alarma sobre la seguridad en la capital se activó en el Concejo Distrital. En pleno debate de control político a la Secretaría de Seguridad, el concejal Julián Espinosa lanzó una denuncia que apunta a un posible engranaje detrás de los casos de extorsión en la ciudad: la venta ilegal de bases de datos con información personal de ciudadanos.
Según explicó el cabildante, existe un mercado clandestino donde se comercializan datos sensibles de personas, que podrían terminar en manos de redes criminales. La denuncia no se quedó solo en palabras. Durante su intervención, presentó un video grabado con cámara oculta en el sector de Unilago, donde se observa cómo ofrecen bases de datos segmentadas, incluso con información de adultos mayores y pensionados.
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“Lo que estamos viendo es extremadamente grave. Aquí hay un mercado ilegal de información personal que podría estar siendo utilizado para cometer delitos como la extorsión”, advirtió.
Extorsión: un delito que crece y se transforma
Las cifras presentadas en el Concejo refuerzan la preocupación. En lo corrido de 2026, Bogotá ha registrado 441 casos de extorsión. De estos, casi la mitad (49%) se han realizado mediante llamadas telefónicas, mientras que un 22% ocurre a través de redes sociales.
En total, el 71% de las extorsiones se cometen usando canales directos de contacto con las víctimas. Para Espinosa, esto abre una pregunta clave: ¿de dónde están obteniendo los delincuentes los datos personales?
“Si la mayoría de las extorsiones se hacen por llamadas y redes sociales, la pregunta es de dónde están obteniendo la información de las personas”, insistió.
Seguridad en rojo: metas incumplidas
La denuncia también puso sobre la mesa un panorama preocupante en materia de seguridad. Varias metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” están lejos de cumplirse.
Por ejemplo, la tasa de homicidios superó los objetivos fijados tanto en 2024 como en 2025. A esto se suma el aumento de casos de extorsión, que pasaron de 1.688 en 2024 a 2.219 en 2025, y las lesiones personales, que siguen en niveles altos con más de 18.600 casos.
Otros problemas cotidianos tampoco dan tregua: los hurtos en TransMilenio continúan por encima de los 10 mil casos al año, mientras que las llamadas a la línea 123 evidencian más riñas, violencia intrafamiliar y conflictos de convivencia.
“Las cifras del propio Distrito muestran que hay metas de seguridad que no se están cumpliendo. No es un tema de percepción, son datos oficiales”, afirmó el concejal.
Proyectos frenados y críticas a la administración
Espinosa también cuestionó la falta de avances en proyectos clave para enfrentar la criminalidad. Uno de los casos más llamativos es el de la Cárcel Distrital II, una obra que ya tenía terreno asignado desde 2024 y que contaba con recursos para estudios y diseños.
Sin embargo, el contrato por más de 5.000 millones de pesos fue terminado y, hoy por hoy, no hay un proyecto en ejecución.
“Mientras se responsabiliza a la justicia por la liberación de delincuentes, la ciudad sigue sin ampliar su capacidad carcelaria”, concluyó.
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