La CAN ya decidió: el futuro del arancel entre Ecuador y Colombia no depende de una elección
En medio de la campaña presidencial que avanza en Colombia ha comenzado a circular una idea que merece ser examinada con rigor: que la llamada «tasa de seguridad» impuesta por el gobierno de Daniel Noboa a las importaciones colombianas podría desaparecer a partir del 1 de junio si Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia.
La afirmación resulta políticamente atractiva para quienes buscan presentar el diferendo comercial entre Bogotá y Quito como una disputa ideológica o como una consecuencia exclusiva de las decisiones de un gobierno específico. Sin embargo, la realidad jurídica y económica es mucho más compleja.
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Lo primero que debe recordarse es que la discusión dejó de ser, hace semanas, un asunto exclusivamente bilateral. El 7 de mayo la Comunidad Andina de Naciones (CAN) intervino formalmente mediante tres resoluciones emitidas por su secretario general, Gonzalo Gutiérrez Reinel. La decisión fue contundente: tanto Ecuador como Colombia habían adoptado medidas incompatibles con el Acuerdo de Cartagena, el tratado fundacional que garantiza la libre circulación de mercancías entre los países miembros del bloque andino.
La CAN ordenó a Ecuador levantar dos medidas específicas. Por un lado, eliminar la restricción que convirtió a Rumichaca en el único paso terrestre habilitado para el ingreso de mercancías colombianas. Por otro, desmontar la denominada «tasa de seguridad», que comenzó en 30 % y posteriormente escaló hasta el 100 % sobre determinados productos procedentes de Colombia.
A su vez, el organismo comunitario ordenó a Colombia retirar los aranceles de represalia y las restricciones impuestas a las importaciones ecuatorianas por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís.
La importancia de estas resoluciones radica en que la CAN no emitió una recomendación política ni una exhortación diplomática. Determinó que las medidas adoptadas por ambos gobiernos violaban compromisos jurídicos vigentes. En otras palabras, la obligación de desmontarlas no nace de la voluntad de Daniel Noboa, de Gustavo Petro o de cualquier eventual sucesor. Surge de un mandato comunitario que deriva de tratados internacionales previamente aceptados por los Estados miembros.
Por ello, resulta equivocado presentar la eliminación de la tasa ecuatoriana como una eventual concesión política asociada a un cambio de gobierno. Si Ecuador decide cumplir plenamente con las resoluciones andinas, lo hará porque existe una obligación jurídica internacional. Si no lo hace, quedará expuesto a mecanismos de controversia dentro del sistema andino, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño.
De hecho, el aspecto más llamativo de la situación actual no es la posibilidad de un cambio político, sino el hecho de que, vencido el plazo de diez días hábiles otorgado por la CAN, ni Bogotá ni Quito habían ejecutado plenamente las medidas exigidas. Como señaló recientemente la prensa colombiana, la denominada «guerra comercial» continúa pese al pronunciamiento del organismo regional.
Esto revela una tensión más profunda. La controversia ya no gira únicamente alrededor de la conveniencia económica de proteger determinados sectores productivos o de responder a decisiones del vecino. Lo que está en juego es la capacidad de la CAN para hacer respetar uno de los principios centrales de la integración andina: la prohibición de imponer aranceles o restricciones comerciales entre sus miembros.
Desde esta perspectiva, el debate debería centrarse menos en los nombres de los candidatos y más en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ningún presidente ecuatoriano, sea Daniel Noboa, Abelardo de la Espriella o cualquier otro dirigente que llegue al poder, puede modificar unilateralmente el marco jurídico andino sin asumir consecuencias políticas y legales dentro del bloque.
La pregunta, por tanto, no es si un nuevo gobierno eliminará el arancel. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más podrán Ecuador y Colombia mantener medidas que la propia Comunidad Andina ya declaró incompatibles con las reglas que ambos países se comprometieron a respetar.
Porque la decisión fundamental ya fue tomada. Y no en Quito ni en Bogotá, sino en el sistema institucional andino.
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