Cueste lo que cueste: la política del espectáculo y la carrera por apropiarse de la gloria ajena

Entre falsos protagonismos, denuncias convertidas en contenido para redes sociales y obras que terminan teniendo más padrinos políticos que autores, crece una práctica que pone en entredicho la verdadera vocación de servicio de algunos dirigentes. ¿Dónde termina la gestión pública y dónde comienza el oportunismo electoral?

En la política colombiana parece haberse instalado una peligrosa competencia: no siempre gana quien más trabaja por la comunidad, sino quien consigue mayor visibilidad, quien logra aparecer en el momento indicado frente a una cámara o quien encuentra la manera de convertir cualquier circunstancia en una oportunidad para construir reconocimiento público o llamar la atención. Una lógica que podría resumirse en una expresión bastante conocida: cueste lo que cueste.

La preocupación no es nueva, pero adquiere especial relevancia cuando se aproximan las contiendas electorales. Algunos dirigentes parecen entender que la popularidad en redes sociales, la controversia y la exposición mediática son herramientas fundamentales para construir una candidatura y, posteriormente, alcanzar una curul. El problema aparece cuando esa búsqueda de protagonismo termina desplazando el trabajo serio, la responsabilidad institucional y el respeto por los procesos comunitarios.

Cuando la política convierte hasta la tragedia en espectáculo

Uno de los fenómenos más preocupantes es la utilización de situaciones de riesgo, amenazas o supuestos ataques como instrumentos para obtener reconocimiento, despertar solidaridad o conseguir ventajas políticas.

En Colombia existe un antecedente judicial que demuestra que no se trata de una preocupación completamente hipotética. Carlos Evelio Herrera García, exalcalde de Villahermosa, Tolima, fue señalado por la Fiscalía de organizar un falso atentado contra su propia vida en 2012. En agosto de 2025, Noticias Caracol informó que un juez había emitido sentido de fallo condenatorio en su contra por estos hechos. La investigación estableció que el montaje buscaba conseguir un fortalecimiento de su esquema de protección, incluida la asignación de un vehículo blindado.

Este caso no permite generalizar ni afirmar que otros dirigentes hayan recurrido a prácticas similares. Sin embargo, sí constituye un antecedente que obliga a reflexionar sobre los riesgos de instrumentalizar el miedo, la inseguridad y la victimización con fines particulares.

La violencia real que padecen líderes sociales, periodistas, funcionarios y ciudadanos no puede convertirse en un recurso publicitario. Cada amenaza merece investigación, protección y respeto, no una puesta en escena para conseguir seguidores.

La apropiación de las obras: cuando el trabajo comunitario termina teniendo dueño político

Otro comportamiento que merece atención es la tendencia de algunos políticos a presentarse como protagonistas de proyectos, obras, iniciativas culturales y procesos sociales que fueron construidos durante meses o incluso años por organizaciones comunitarias, líderes barriales, colectivos artísticos y ciudadanos.

En muchos territorios existen procesos que nacieron sin padrinos políticos, sin grandes presupuestos y, en ocasiones, sin respaldo institucional. Fueron las comunidades las que tocaron puertas, organizaron reuniones, formularon propuestas, convocaron vecinos y sostuvieron iniciativas hasta conseguir que se convirtieran en realidades.

Pero cuando esos procesos empiezan a dar resultados, aparecen fotografías, publicaciones, discursos y videos en los que determinados dirigentes parecen convertirse en los principales responsables de los logros.

La pregunta es sencilla: ¿quién estuvo cuando había que trabajar y quién apareció cuando llegó el momento de recibir los aplausos?

Una obra pública no es patrimonio personal de un político. Un proyecto comunitario tampoco puede convertirse en propiedad simbólica de quien consigue posar frente a sus resultados. Reconocer la participación institucional es legítimo y necesario, pero borrar a quienes hicieron posible una iniciativa constituye una forma de invisibilización del trabajo ciudadano.

El periodismo comunitario conoce bien esta realidad: detrás de cada actividad barrial, festival, proceso cultural, recuperación de espacios o iniciativa social suele existir un esfuerzo colectivo que no siempre aparece en las fotografías oficiales.

De responsables de la gestión a protagonistas de las denuncias

Hay otra contradicción que merece un debate público: dirigentes que tuvieron responsabilidades administrativas o políticas y que, después de dejar sus cargos o mientras ejercen funciones de representación, comienzan a publicar videos denunciando problemas locales que llevan años sin resolverse.

Las denuncias ciudadanas son necesarias. Que un concejal, un edil o representante político visibilice problemas de inseguridad, deterioro de infraestructura, abandono de parques, deficiencias en servicios públicos o incumplimientos institucionales hace parte de su labor de control político y representación.

El problema no es denunciar. El problema es utilizar la denuncia como una estrategia de posicionamiento sin explicar qué se hizo anteriormente, qué decisiones se tomaron, qué responsabilidades se tuvieron y por qué las situaciones continúan sin solución.

Resulta legítimo preguntarle a quien hoy graba un video señalando el abandono de una comunidad: ¿conocía el problema cuando tenía responsabilidades de gobierno?, ¿qué hizo para solucionarlo?, ¿qué recursos gestionó?, ¿qué compromisos dejó pendientes?, ¿por qué aparece ahora con una cámara denunciando aquello que antes no consiguió resolver?

La ciudadanía no necesita políticos que descubran sus problemas cada vez que se aproxima una elección. Necesita representantes que conozcan el territorio, hagan seguimiento a las soluciones y rindan cuentas sobre sus actuaciones.

Una denuncia publicada en redes sociales puede generar miles de reproducciones, pero eso no significa que haya producido una sola solución.

Las redes sociales: una nueva vitrina para la construcción de candidaturas

La política contemporánea ha encontrado en las plataformas digitales un escenario privilegiado para construir imagen pública. Un video bien producido, una denuncia contundente, una visita a un barrio o una confrontación con un funcionario pueden convertirse rápidamente en contenido viral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el 5 de octubre de 2026 un análisis sobre la propaganda electoral en redes sociales. El documento advierte sobre los desafíos que representan la publicidad segmentada, la participación de influenciadores y la velocidad de circulación de contenidos para la transparencia y la equidad de las contiendas electorales.

La MOE también ha advertido sobre posibles irregularidades relacionadas con la utilización de espacios, canales y recursos públicos para favorecer candidaturas. En su informe de seguimiento a las elecciones presidenciales de 2026 registró reportes ciudadanos sobre presunta participación indebida en política y difusión de propaganda electoral por parte de funcionarios públicos.

Esto demuestra que la discusión sobre la exposición política en internet no es solamente una cuestión de imagen o percepción: también involucra transparencia, financiación, imparcialidad y garantías democráticas.

El desafío está en distinguir entre un representante que utiliza sus plataformas para informar sobre su gestión y otro que convierte cada necesidad ciudadana en una oportunidad de autopromoción.

¿Y dónde quedan los verdaderos protagonistas?

Mientras algunos dirigentes compiten por aparecer en la fotografía, existen ciudadanos que continúan trabajando sin reflectores. Líderes comunales que recorren las calles, organizaciones que sostienen procesos culturales con recursos limitados, periodistas comunitarios que documentan las necesidades de sus territorios y colectivos que mantienen vivas iniciativas que difícilmente llegan a los grandes escenarios políticos.

El trabajo de las Juntas de Acción Comunal, por ejemplo, es fundamental para comprender la dimensión de la participación ciudadana. Un reportaje publicado por el medio Consonante en marzo de 2024 documentó tanto las posibilidades de las organizaciones comunales para ejecutar obras como las dificultades administrativas y los obstáculos que enfrentan.

Esa realidad evidencia que el desarrollo territorial no puede explicarse únicamente desde los despachos públicos ni desde las publicaciones de los dirigentes. Hay una ciudadanía organizada que construye, propone, ejecuta y sostiene procesos mucho antes de que estos se conviertan en noticias.

Por eso, apropiarse de los resultados de esos esfuerzos no es un asunto menor. Significa desconocer la historia de las comunidades y reducir años de trabajo colectivo a una fotografía de campaña.

La ciudadanía debe aprender a mirar más allá de los videos

En tiempos de exposición digital, el electorado tiene una responsabilidad fundamental: no confundir popularidad con capacidad, visibilidad con resultados ni indignación con liderazgo.

Antes de respaldar a quien hoy se presenta como defensor de una comunidad, vale la pena revisar su trayectoria, sus decisiones, sus compromisos y sus resultados. También es necesario preguntar quién formuló los proyectos, quién los ejecutó, quién aportó los recursos y quién estuvo presente cuando las iniciativas todavía no generaban reconocimiento.

No todos los políticos que denuncian buscan votos. No toda publicación es oportunismo y no toda aparición pública responde a una estrategia electoral. Hay representantes comprometidos que hacen de la denuncia una herramienta legítima para defender a sus comunidades.

Pero tampoco se puede ignorar que existe una delgada línea entre ejercer el control político y convertir las necesidades de la gente en una plataforma de promoción personal.

La política no debería ser una competencia por conseguir más cámaras, más seguidores o más fotografías con las comunidades. Debería ser una responsabilidad con resultados verificables.

Porque las obras tienen procesos, los proyectos tienen autores, las comunidades tienen memoria y los ciudadanos tienen derecho a saber quién realmente trabajó por ellos.

Al final, la pregunta que debería acompañar cada campaña no es cuántos videos publicó un candidato, cuántas denuncias hizo o cuántas veces apareció en un barrio. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué hizo por esa comunidad cuando no había elecciones, cámaras ni aplausos?

Y esa respuesta, más que cualquier discurso, debería pesar a la hora de entregar el voto.