Doce años de abandono y más de $4.600 millones comprometidos: el Centro Zonal del ICBF en Rafael Uribe Uribe sigue sin funcionar

La edificación de cinco pisos ubicada en el barrio Bicentenario permanece inconclusa después de dos contratos de obra. El ICBF reportó incumplimientos, deterioro de la infraestructura y riesgos de inundación, mientras los organismos de control adelantan actuaciones para establecer posibles responsabilidades fiscales.

Un edificio de cinco pisos, con ventanas verdes y paredes deterioradas, se ha convertido en el reflejo de una obra pública que, después de 12 años, todavía no cumple el propósito para el que fue construida. Se trata del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Bicentenario, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

El proyecto, que debía convertirse en una sede para mejorar la atención a niños, niñas, adolescentes y familias de este sector de la ciudad, permanece sin entrar en funcionamiento pese a que se han comprometido más de $4.600 millones en dos contratos destinados a su construcción y posterior adecuación.

La situación volvió a llamar la atención pública luego de que la nueva administración del ICBF realizara una inspección a la infraestructura y encontrara que, después de dos intentos contractuales, el inmueble continúa sin las condiciones necesarias para prestar sus servicios.

Dos contratos y una obra que no termina

La construcción comenzó en octubre de 2014, mediante el contrato de obra pública 1131, adjudicado al Consorcio Universal, por un valor final de aproximadamente $3.291 millones.

De acuerdo con la información divulgada por el ICBF, durante la ejecución se realizaron suspensiones y prórrogas para intentar completar los trabajos. Sin embargo, el contrato terminó sin que la edificación pudiera ponerse al servicio de la comunidad.

Los registros institucionales señalan que se desembolsaron aproximadamente $2.682 millones y que el avance físico de la construcción llegó al 85,8 %. Pese a ello, quedaron pendientes diferentes actividades y se presentaron controversias contractuales que terminaron en procesos judiciales.

El segundo intento llegó en 2024, cuando el Instituto suscribió un nuevo contrato por $1.317 millones, con el propósito de completar las adecuaciones y permitir finalmente la apertura del Centro Zonal.

Pero la solución tampoco llegó. Según el informe de la Oficina de Control Interno del ICBF, este segundo contrato reportaba un avance físico del 76 %, a pesar del tiempo transcurrido. La entidad informó que el contrato fue terminado sin liquidar y que todavía existían actividades pendientes.

En conjunto, los dos contratos representan una inversión comprometida superior a los $4.600 millones, sin que la comunidad haya podido acceder a los servicios en la sede construida.

Humedades, daños y riesgo de inundación

La inspección también permitió identificar problemas que comprometen el estado actual de la edificación.

Entre las situaciones encontradas están los acabados incompletos, trabajos pendientes en baños, pisos, muros y cielorrasos, así como inconvenientes en los ascensores, las instalaciones eléctricas y el sistema de protección contra incendios.

Uno de los hallazgos que genera mayor preocupación está relacionado con el sótano: una de las dos bombas eyectoras encargadas de controlar el nivel del agua se encuentra dañada, por lo que el funcionamiento depende de un solo equipo. Esta situación representa un riesgo alto de inundación.

También se identificaron deficiencias en algunos trabajos de pintura y en la ubicación de canaletas y tomacorrientes, además del deterioro progresivo que puede ocasionar el abandono de la infraestructura.

La permanencia del inmueble sin uso no solamente representa un problema para la entidad, sino que también pone en riesgo los recursos públicos invertidos en una construcción que todavía no presta ningún servicio.

Organismos de control investigan posibles detrimentos

El caso también tiene antecedentes ante los organismos de control fiscal. Sobre el primer contrato existe un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, relacionado con posibles irregularidades en la construcción del Centro Zonal.

En el Auto 01715 del 28 de julio de 2026, correspondiente al proceso de responsabilidad fiscal 813112-2020-37489, se menciona una cuantía inicial del presunto daño patrimonial de aproximadamente $493,9 millones.

Es importante precisar que esta cifra corresponde a una estimación dentro de una actuación de responsabilidad fiscal y no constituye, por sí sola, una condena o una declaración definitiva de responsabilidad.

Adicionalmente, el proyecto enfrenta controversias judiciales relacionadas con los contratos de construcción e interventoría. Según la información conocida sobre el caso, existen actuaciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, cuyas reclamaciones económicas suman cerca de $867 millones.

La situación del segundo contrato también quedó bajo observación de los mecanismos de control interno del Instituto, que identificaron incumplimientos y riesgos para la conservación de la infraestructura.

El costo de una obra que no presta servicio

Mientras se resuelven las controversias contractuales y se determina cómo terminar la construcción, el ICBF ha tenido que continuar prestando sus servicios desde una sede arrendada en la localidad.

Esto significa que, durante años, la entidad ha tenido que asumir gastos de funcionamiento y arrendamiento, al tiempo que mantiene una edificación propia sin utilizar y expuesta al deterioro.

El pasado 25 de octubre de 2026, el ICBF hizo pública la situación y anunció que su nueva administración encontró esta infraestructura inconclusa después de 12 años. La entidad señaló que se requiere esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, el Centro Zonal Rafael Uribe Uribe continúa siendo una obra sin terminar y un proyecto que no ha cumplido su finalidad social.

La pregunta que sigue pendiente es cuándo podrá abrir sus puertas esta infraestructura y qué medidas se adoptarán para recuperar los recursos públicos comprometidos, proteger el edificio y garantizar que las familias de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño puedan contar finalmente con los servicios que motivaron su construcción.