Galán responde por caso Yulixa Tolosa tras seis días de su desaparición
Un caso judicial que se transforma en un espejo incómodo de las fracturas institucionales de Bogotá. Seis días han pasado tras la desaparición de la mujer en un centro de estética para que el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, emitiera un mensaje público sobre un caso que desde hace días incendia las redes sociales y multiplica preguntas que el Distrito aún no logra responder.
En su cuenta de X, Galán aseguró que desde el 13 de mayo las secretarías de Seguridad y Salud han acompañado las investigaciones lideradas por la Sijín, el Gaula y el CTI para encontrar a Yulixa y establecer responsabilidades. El alcalde defendió además los operativos adelantados contra establecimientos clandestinos de salud estética y prometió reforzar controles en clínicas y centros médicos irregulares.
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Pero el problema ya no parece ser únicamente judicial. El problema es político. Y peor aún: simbólico.
Porque mientras el Distrito habla de “acompañamiento institucional”, la conversación ciudadana se mueve en otro terreno: el de la percepción de abandono. Los comentarios contra la administración distrital se dispararon apenas se conoció el pronunciamiento del alcalde. Para muchos usuarios, la reacción llegó tarde, cuando ya el caso había escalado nacionalmente y cuando incluso trascendió que el vehículo en el que habrían sacado a Yulixa apareció en la ciudad de Cúcuta.
La pregunta que domina las redes es demoledora: ¿por qué no se activó de inmediato un cierre de ciudad y un protocolo masivo de búsqueda?
Y ahí aparece otro fantasma que persigue a la administración Galán: el caso de Diana Ospina, la diseñadora víctima de paseo millonario que permaneció retenida durante cerca de 40 horas antes de ser abandonada en una vía hacia Choachí. En aquel episodio, como ahora, ciudadanos cuestionaron la capacidad de reacción de las autoridades y la eficacia real de los mecanismos de búsqueda inmediata.
Pero en medio del debate apareció un ingrediente aún más explosivo: el clasismo.
En cientos de comentarios se repite una idea incómoda para el Distrito: que quizá el apellido Tolosa no genera la misma capacidad de reacción institucional que sí tendrían apellidos vinculados a élites políticas o económicas tradicionales. “Si fuera una Lara, una Vargas Lleras o una mujer de estrato 5 o 6, Bogotá estaría militarizada”, escriben algunos usuarios en redes.
Puede que la afirmación sea dura. Puede incluso ser injusta. Pero políticamente resulta devastadora porque conecta con una sensación histórica de desigualdad en la atención institucional. En Colombia, la velocidad de reacción del Estado muchas veces parece depender del ruido social que produzca la víctima.
Y mientras la indignación crece, también queda bajo fuego la Secretaría de Salud. La ciudadanía cuestiona cómo un centro estético ubicado en el sector de Venecia habría operado sin permisos para realizar procedimientos médicos especializados. La administración presume cientos de operativos y visitas de control, pero el caso Yulixa expone una realidad incómoda: los establecimientos clandestinos siguen funcionando en barrios populares prácticamente a la vista de todos.
Las cifras oficiales sirven poco cuando el resultado es una mujer desaparecida tras ingresar a un sitio que, según las denuncias, no debía estar operando.
La Secretaría de Seguridad tampoco escapa a las críticas. Para muchos ciudadanos, el protocolo de reacción falló desde el primer minuto. Cuestionan la ausencia de controles inmediatos de salida de la ciudad, la lentitud en la articulación institucional y la aparente improvisación frente a un caso que hoy ya tiene repercusión nacional.
El pronunciamiento de Galán buscaba enviar un mensaje de control institucional. Pero el efecto parece haber sido el contrario: reactivó la indignación ciudadana y dejó sobre la mesa una verdad políticamente peligrosa para el alcalde.
En Bogotá ya no solo se investiga qué pasó con Yulixa Tolosa. También se está investigando —desde la opinión pública— cuánto vale una vida dependiendo del barrio, el apellido y el estrato social de la víctima.
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