Proyecto de la Cárcel Distrital II sigue sin despegar en Bogotá
La construcción de la Cárcel Distrital II, anunciada hace años como una de las principales apuestas para enfrentar el hacinamiento en estaciones de Policía y URI de Bogotá, sigue sin arrancar. A mayo de 2026 no hay obras iniciadas, tampoco contratista activo ni cronograma oficial para poner en marcha el proyecto.
La preocupación fue expuesta en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, donde concejales cuestionaron los reiterados retrasos de una infraestructura que prometía crear cerca de 2.000 nuevos cupos carcelarios para aliviar la presión sobre el sistema de detención transitoria de la capital.
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El proyecto contempla una inversión cercana a los 280.000 millones de pesos y se desarrollaría en un lote de 2,9 hectáreas contiguo a la cárcel La Picota, terreno cedido por el Gobierno Nacional desde 2024. Sin embargo, después de más de seis años de anuncios y planeación, la iniciativa permanece atrapada en ajustes técnicos, financieros y administrativos.
Uno de los principales obstáculos fue la terminación anticipada del convenio interadministrativo firmado entre la Secretaría Distrital de Seguridad y RenoBo, por más de 5.196 millones de pesos. El contrato tenía como objetivo adelantar estudios, diseños, licencias e interventoría para la futura cárcel.
De acuerdo con información conocida este año, el convenio fue firmado en diciembre de 2024 y comenzó a ejecutarse en enero de 2025. Sin embargo, el proceso se frenó luego de que el contratista solicitara una adición presupuestal que la Secretaría consideró jurídicamente inviable. Finalmente, el acuerdo terminó de mutuo acuerdo en agosto de 2025 y los recursos fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda.
La cancelación obligó al Distrito a reiniciar gran parte de la estructuración del proyecto, lo que dejó nuevamente en cero etapas clave como estudios definitivos y especificaciones técnicas.
Durante el debate de control político, el concejal Armando Gutiérrez cuestionó el fracaso de la planeación inicial y advirtió que el retraso tiene consecuencias directas sobre la seguridad de la ciudad.
“El delincuente se captura, se judicializa y termina nuevamente en la calle porque no hay dónde recluirlo. Las URI y estaciones de Policía están completamente hacinadas”, afirmó el cabildante.
Gutiérrez también pidió establecer posibles responsabilidades fiscales y administrativas por el fallido convenio con RenoBo y solicitó a la Contraloría Distrital priorizar una revisión sobre un eventual detrimento patrimonial.
La crisis carcelaria sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad de Bogotá. Aunque la Secretaría Distrital de Seguridad asegura que el hacinamiento en centros de detención transitoria bajó del 172 % al 45 % en los últimos meses gracias al traslado de detenidos y nuevas estrategias de gestión, organismos de control advierten que el problema continúa siendo estructural.
La Personería y el propio Concejo han advertido en repetidas ocasiones sobre las condiciones críticas en varias URI y estaciones de Policía, donde permanecen personas privadas de la libertad en espacios diseñados para permanencias temporales.
Mientras tanto, la administración distrital sostiene que la Cárcel Distrital II sigue siendo una prioridad dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Sin embargo, la propia Secretaría de Seguridad reconoció recientemente que el proyecto aún está en fase de estructuración técnica bajo metodología BIM y sin fechas concretas para iniciar construcción.
La situación deja en evidencia un nuevo retraso en una obra considerada estratégica para el sistema penitenciario de la capital. Lo que inicialmente debía convertirse en una solución de fondo para el hacinamiento hoy continúa sin una sola piedra puesta.
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