Peñalosa denunciado por ilegalidad en desalojo de vendedores informales
Por los presuntos delitos de Prevaricato, Abuso de Autoridad, Empleo Ilegal de la Fuerza Pública y Fraude a Resolución Judicial, fueron denunciados el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe y la Alcaldesa Local de Usaquén, Mayda Velásquez.
En el texto de la denuncia, el Representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, le pide al Fiscal General de la Nación que en la lucha por la defensa de los derechos de los vendedores informales es fundamental que el ente investigador “Genere un precedente que ponga fin a los abusos hasta ahora cometidos e impida que los funcionarios señalados de llevar a cabo esta campaña de persecución queden en la impunidad, diluyendo su responsabilidad al punto de afectar la legitimidad e imagen de la Policía Nacional, institución injustamente sacrificada al recibir el impacto negativo de una decisión política cuya responsabilidad es exclusiva de los altos mandos de la administración central”.
La denuncia del Congresista se fundamenta en los hechos ocurridos el pasado día 19 de diciembre de 2017, en la localidad de Usaquén, cuando la Alcaldía Local, en conjunto con la Policía Metropolitana y actuando bajo el direccionamiento de Alcalde Mayor de Bogotá y el Secretario Distrital de Gobierno, desplegaron un gran operativo para impedir el acceso de los vendedores informales al espacio de la Plaza Fundacional de Usaquén, lugar que han ocupado históricamente en ejercicio de su derecho al trabajo.
El operativo fue ejecutado bajo la orden del Alcalde de Bogotá y el Secretario de Gobierno, según la información suministrada por Oficial Superior, Coronel encargado en la localidad de Usaquén.
“Como resultado de lo anterior y ante la imposibilidad de trabajar en el mismo sitio que han ocupado por décadas, una gran cantidad de familias que dependen de los ingresos que genera dicha actividad, sufren la mengua de las condiciones básicas requeridas para una vida digna, sin que exista una alternativa de reubicación efectiva que les permita seguir devengando ingresos”, dice el congresista Asprilla.
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