$5 billones de la salud colombiana fueron desviados hacia fondos internacionales
La denuncia penal que involucra a 168 actores entre personas naturales, jurídicas, directivos, contadores, revisores fiscales, IPS y entidades financieras será presentada hoy ante la Fiscalía General de la Nación por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), tras una investigación que habría identificado un presunto esquema de desvío de recursos públicos del sistema de salud colombiano.
Según explicó el director de la UIAF, Wilmar Mejía, los hallazgos hacen parte de un informe de inteligencia de más de 130 páginas elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la intervención de Nueva EPS.
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De acuerdo con la información entregada por la entidad, la investigación habría detectado una estructura financiera y societaria que permitió la movilización irregular de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras fuentes de financiación del sistema de salud, mediante mecanismos de triangulación financiera, fiducias de inversión y transferencias nacionales e internacionales.
La denuncia sostiene que una EPS con aproximadamente 3,5 millones de afiliados estaría en el centro de las operaciones analizadas, aunque las autoridades no han revelado oficialmente el nombre de la entidad en el marco de la investigación.
Entre los hallazgos reportados por la UIAF figuran:
* 168 actores vinculados al presunto entramado.
* 83 profesionales de la contabilidad identificados como contadores o revisores fiscales.
* 17 IPS con presuntos vínculos societarios y beneficiarios finales relacionados entre sí.
* 25 personas naturales que actuarían como representantes legales, suplentes o miembros de juntas directivas.
* 43 personas jurídicas involucradas en la estructura financiera analizada.
* Tres entidades financieras bajo observación por operaciones fiduciarias que, según la denuncia, habrían facilitado movimientos de recursos considerados opacos.
* Una unión temporal que presuntamente habría servido como vehículo para algunas de las operaciones investigadas.
Según la UIAF, la investigación permitió identificar una integración vertical de facto mediante la cual un reducido grupo de personas habría constituido un conglomerado empresarial compuesto por familiares, socios y allegados para canalizar recursos desde la EPS hacia IPS y posteriormente hacia cuentas nacionales y extranjeras.
La entidad también informó que trabaja conjuntamente con autoridades de Estados Unidos, incluido el FBI, para rastrear recursos que presuntamente fueron transferidos fuera del país. De acuerdo con la información suministrada, dos personas concentrarían movimientos financieros cercanos a los 20.000 millones de pesos, una parte significativa de ellos realizados en efectivo.
Asimismo, la UIAF anunció que solicitará medidas cautelares para congelar cuentas y patrimonios relacionados con la investigación, además del levantamiento del velo corporativo de las empresas involucradas para identificar a sus beneficiarios finales.
Las actuaciones también serán puestas en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General de la Nación, la DIAN, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Superintendencia de Sociedades.
El caso podría convertirse en una de las investigaciones más relevantes sobre presunta corrupción y desvío de recursos públicos en la historia reciente del sistema de salud colombiano. No obstante, las responsabilidades individuales y corporativas deberán ser establecidas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones administrativas, fiscales y penales que se adelanten.
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