Sandra Bessudo, el fracking y las redes de poder que financian la conservación

¿Puede una figura emblemática de la conservación ambiental respaldar proyectos políticos que promueven el fracking? ¿Qué ocurre cuando organizaciones dedicadas a proteger ecosistemas comparten espacios de financiación con actores vinculados a industrias extractivas?

La discusión cobró fuerza luego de que Sandra Bessudo, reconocida ambientalista y fundadora de la Fundación Malpelo, se sumara a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado públicamente su respaldo a la implementación del fracking en Colombia bajo la idea de un supuesto “fracking responsable”.

Para diversos sectores ambientales, esta adhesión resulta llamativa. No solo por las posiciones históricamente críticas frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales, sino porque abre interrogantes sobre las relaciones entre conservación, financiamiento y poder político.

Por tal razón, los creadores de contenido Laura Camila Vargas, María Fitzgerald y Econeko, recientemente divulgaron un análisis sobre las relaciones entre conservación ambiental, financiamiento internacional y explotación de recursos naturales en Colombia.

El Fondo Malpelo y las redes de financiación internacional

Desde 2008 opera el Fondo Patrimonial Malpelo, un mecanismo financiero creado para garantizar recursos permanentes destinados a la conservación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, uno de los ecosistemas marinos más importantes del Pacífico colombiano. Este proyecto ha estado estrechamente vinculado a la labor de Sandra Bessudo, fundadora y actual directora de la Fundación Malpelo.

El fondo fue constituido con cinco millones de dólares. Según la información divulgada por los investigadores y creadores de contenido, la mitad de esos recursos provino de la denominada Cuenta de las Américas, un mecanismo de canje de deuda entre Colombia y Estados Unidos. La otra mitad fue aportada por Conservation International, una de las organizaciones de conservación más influyentes del mundo.

Durante varios años, los rendimientos de este fondo llegaron a cubrir entre el 30 % y el 48 % del presupuesto anual destinado a la operación del santuario. En principio, se trata de un modelo ampliamente utilizado para asegurar financiación estable a proyectos de conservación. Sin embargo, las preguntas surgen al observar quiénes participan en las estructuras de decisión y gobernanza de estas organizaciones.

Conservación y élites económicas

Los cuestionamientos apuntan a la composición de las juntas directivas y a las relaciones institucionales que rodean estos proyectos.

Conservation International, organización que ha mantenido vínculos históricos con la Fundación Malpelo, cuenta actualmente entre los integrantes de su junta directiva con el expresidente Iván Duque, además de representantes de importantes grupos financieros y fondos de inversión internacionales.

Aunque la presencia de líderes políticos y empresariales en organizaciones ambientales no constituye por sí misma una irregularidad, para diversos analistas sí plantea preguntas sobre la influencia que pueden ejercer sectores económicos interesados en el acceso a recursos estratégicos, especialmente en un contexto global marcado por la transición energética y la creciente demanda de minerales considerados críticos.

El Amazonas y el nuevo mapa extractivo

Otro de los puntos señalados por los creadores de contenido es la iniciativa Natural Amazonas, una alianza respaldada por diferentes organizaciones y entidades, entre ellas Gran Tierra Energy, compañía petrolera canadiense con operaciones en el departamento del Putumayo.

La ubicación geográfica de estos proyectos adquiere relevancia cuando se analiza el creciente interés sobre el denominado cinturón jurásico del cobre, una extensa franja andina considerada por expertos como una de las zonas con mayor potencial para la extracción de cobre y oro en América Latina.

De acuerdo con los datos divulgados, existen decenas de solicitudes mineras en territorios donde aún se conserva cerca del 80 % de los ecosistemas en altos niveles de integridad ecológica. Se trata de regiones estratégicas tanto para la biodiversidad como para las futuras dinámicas de explotación minera vinculadas a la transición energética global.

Este escenario plantea una tensión creciente: mientras aumenta la demanda internacional de minerales para tecnologías consideradas “verdes”, también crecen las presiones sobre territorios biodiversos que históricamente han sido objeto de proyectos de conservación.

El debate sobre el fracking

La controversia adquiere una dimensión adicional cuando se observa que la campaña política respaldada por Sandra Bessudo propone ampliar la explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturamiento hidráulico.

Diversos investigadores han señalado que Colombia todavía enfrenta importantes vacíos de información para evaluar los riesgos ambientales asociados a esta tecnología. Entre ellos, el limitado conocimiento sobre las aguas subterráneas, la ausencia de un inventario nacional completo de acuíferos y la falta de experiencias de explotación comercial mediante fracking en ecosistemas tropicales comparables a los colombianos.

Por ello, más allá de las posiciones a favor o en contra de esta actividad, la discusión gira alrededor de la capacidad institucional y científica del país para medir y gestionar sus posibles impactos.

¿Quién decide sobre los territorios?

En el fondo, el debate planteado por los jóvenes investigadores trasciende la figura de Sandra Bessudo y se adentra en una cuestión más profunda: ¿quién define las prioridades ambientales del país?

Las preguntas apuntan a la relación entre organizaciones conservacionistas, grandes financiadores internacionales, empresas extractivas y actores políticos. También interpelan la soberanía sobre territorios estratégicos para el futuro energético, minero y ambiental de Colombia.

En un contexto donde la biodiversidad, el agua y los minerales críticos adquieren cada vez mayor valor geopolítico, resulta legítimo preguntarse quién financia los proyectos de conservación, quién participa en sus estructuras de decisión y cuáles intereses convergen en esos espacios.

Los hechos conocidos hasta ahora no ofrecen respuestas definitivas, pero sí evidencian la necesidad de una discusión pública más amplia, transparente e informada sobre las complejas relaciones entre conservación ambiental, economía extractiva y poder político.

Un dato que amplía el debate

En medio de estas discusiones emerge otro elemento simbólicamente poderoso: el agua, considerada durante siglos un bien común esencial para la vida, también ha sido incorporada a los mercados financieros internacionales mediante contratos de futuros negociados en Wall Street.

Para algunos analistas, este hecho refleja cómo los recursos naturales están siendo cada vez más integrados a dinámicas globales de inversión y especulación financiera. Para otros, constituye una herramienta para gestionar riesgos económicos asociados a la escasez hídrica.

Sea cual sea la interpretación, el fenómeno ilustra una realidad innegable: la disputa por el control y la gestión de los bienes naturales se ha convertido en uno de los grandes debates políticos, económicos y ambientales del siglo XXI.